Incluso, el gremialista recordó que con esta disposición, el juez Acosta "contradijo" la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional de garantizar, a través de la televisión pública, "el derecho a la información abierta y gratuita a todos los habitantes del país".

En diálogo con Télam, Picco adelantó que se convocó a una movilización para mañana a la tarde ante el Juzgado Federal de San Rafael, para pedir "se respete el derecho de la gente" a la información abierta y gratuita.

También dijo que se constituirá en querellante en la causa "en defensa de la población" de San Rafael y que aún "no se conocen las causas sobre las cuales el juez Acosta se basó para determinar el cierre de la repetidora".

Hasta el 28 de abril, cuando se inauguró la planta de transmisión de Canal 7, en San Rafael sólo existían dos canales de aire (Canal 6 y Telesur), ambos pertenecientes al grupo Vila-Manzano, según explicó el gremialista.

En esa oportunidad, el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, recordó que en su anterior visita a San Rafael los vecinos le presentaron un petitorio con muchas firmas y fundamentos para tener "una segunda opción televisiva para quienes no poseen televisión por cable".

El funcionario nacional había reconocido que en Mendoza "hay un monopolio informativo que también atenta contra a democracia".

En su conversación con Télam, Picco se preguntó "qué grado de presión puso el monopolio informativo al juez para que el magistrado se ponga en contra de una medida tomada por el propio Presidente".

Finalmente, reivindicó los medios públicos y recordó que "para muchos es la única forma de informarse".

Fuentes cercanas al gremio denunciaron que esta medida se suma a la campaña "de la derecha" contra el presidente Néstor Kirchner, para mantener el monopolio de los medios de cara a las elecciones nacionales de octubre próximo.

El gobierno nacional reformó la ley de radiodifusión de la dictadura militar para permitir que la televisión pública llegue en forma abierta y gratuita a todos los habitantes del país.

Con su decisión de "no innovar", el juez mendocino suspendió los efectos de los decretos 2368/2002 y 84/2005 por los cuales se fortalecía el derecho de la comunicación y el pluralismo para los ciudadanos de todo el país mediante la cobertura nacional de los servicios de la televisión pública, independientemente de los intereses de mercado.

El Decreto 2368/2002 destaca el compromiso del Estado Nacional con la "amplia, plena y libre difusión de las ideas, de la cultura y de la educación a la población".

El Decreto 84/2005 se convirtió en el instrumento de ejecución de esa política pública al otorgar frecuencias en diversas localizaciones de todo el país para lograr una mayor inclusión de ciudadanos en la cobertura de Canal 7.