00:00 › NECOCHEA > CUATRO MIL PERSONAS CONTRA EL GATILLO FACIL Y LA CORRUPCIóN POLICIAL
Vecinos de Necochea y Quequén reclamaron al ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, controles estrictos para los ingresantes a la Policía provincial, en el marco de una marcha del silencio por los sucesivos casos de violencia protagonizados por efectivos policiales en la zona.
Unas cuatro mil personas convocadas por los familiares de la adolescente baleada por un policía en un boliche de Necochea el pasado 7 de junio, marcharon anoche desde la avenida 75 hasta el municipio de la localidad bonaerense, informaron a Télam participantes de la movilización de los vecinos.
En el petitorio piden "revisar" los criterios de evaluación física y psíquica de los ingresantes a la bonaerense, que se refuercen controles periódicos a los policías con atención y tratamiento de los agentes para que "no" porten armas durante ese período.
Asimismo piden "erradicar" a aquellos policías que "cometen delitos menores o mayores o que faciliten actos de corrupción", como también que se termine con traslados a nuevos destinos cuando hay "mal desempeño" en las funciones del personal policial.
La reacción de los vecinos de Necochea y Quequén se produce tras el episodio de la semana pasada en el boliche Guest de Necochea -donde fue baleada una chica de 17 años-, pero el hecho se suma a una cadena de hechos violentos producidos por efectivos policiales.
Los organizadores mencionan en ese sentido a Gastón Díaz, un joven muerto "hace seis meses por la policía" por lo que estiman que los uniformados "deben estar física y psíquicamente aptos" para portar armas al considerar que el Estado es "garante" del estricto control de quienes tienen armas.
Asimismo los vecinos cuestionan los criterios de admisión porque el "cargo de policía se obtiene con seis meses de formación y capacitación", según otro de los puntos que elevaron a Arslanián los vecinos del sur provincial.
Finalmente, pidieron a Arslanián que "responda a este petitorio en un plazo no mayor a 30 días para tranquilizar a la ciudadanía, profundamente afectada por la gravedad de los hechos ocurridos que ponen en duda la idoneidad de las fuerzas policiales para garantizar la Seguridad Pública".
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