Así lo informaron a la agencia DyN fuentes judiciales, que señalaron que el abogado Modestino Pizarro Miguez, quien representa a nueve sindicalistas de la obra social del gremio telefónico, planteó al juez de la causa, Norberto Oyarbide, la prescripción del expediente por el paso del tiempo.

Pero el juez, ante la presentación, decidió ampliar el alcance de la medida y abrió el análisis de la eventual prescripción para todos los imputados, entre ellos ex funcionarios y empresarios de la medicina prepaga.

En enero pasado, el fiscal federal Carlos Stornelli inició la investigación sobre los sindicalistas a raíz de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans.

Stornelli pidió a Oyarbide, en un escrito de unas 400 páginas, la indagatoria de unos 120 gremialistas y otras 40 personas, entre ex funcionarios y empresarios, por el supuesto desvío de parte de un crédito de 285 millones de dólares.

Ese dinero llegó a la Argentina en tres tramos entre 1996 y 2000 (parte del gobierno de Carlos Menem y parte del de Fernando De la Rúa) para el llamado "Programa de Reconversión de las Obras Sociales (PROS)".

Los fondos estaban destinados, según un decreto del gobierno de Menem, al pago de deudas, la compra de equipamiento, las reestructuraciones de personal y la capacitación.

Sin embargo, según el fiscal Stornelli, el dinero habría sido desviado, mediante maniobras de facturación apócrifa a través de consultorías y asesoramientos, en beneficio supuestamente personal de los imputados.

En esa lista figuran varios de los dirigentes sindicales más importantes de la Argentina: José Luis Lingeri (hoy en el directorio de AySA), Armando Cavalieri (mercantiles), Juan José Zanola (bancarios), Antonio Cassia (petroleros), Gerardo Martínez (constructores), Diógenes Salazar (telefónicos) y Jorge Menem (correos), entre otros.

El planteo de prescripción que tiene a estudio Oyarbide fue presentado a nombre de la obra social de los telefónicos OSTEL, que según el dictamen de Stornelli habría recibido 6,5 millones de dólares de aquel crédito.

Fuentes judiciales dijeron a esta agencia que "lo único que podría prescribir sería el primer tramo del crédito", de cuya llegada al país pasaron casi 11 años.

Sin embargo, consideraron que los otros dos tramos están "fuera de los plazos de la prescripción", por lo cual la causa "seguirá adelante".

El eventual rechazo al planteo por parte de Oyarbide es apelable ante la Cámara Federal, y luego hay otras instancias para los recursos: la Cámara Nacional de Casación Penal y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia.