La norma fue aprobada en general por 102 votos afirmativos contra 35 negativos, aunque desde las gradas, donde se encontraba la dirigente de la línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y la ex diputada Patricia Walsh, se escucharon voces en contra.

La presidente de la comisión de Legislación Penal, Rosario Romero, defendió el proyecto al señalar que "busca poner a tono" la legislación argentina "con los estándares internacionales y los compromisos" asumidos por el país.

Dijo que el proyecto pretende punir "la financiación de actividades terroristas", como así también "las asociaciones ilícitas terroristas", "el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivos" y amplía "las competencias de la Unidad de Información Financiera (UIF)".

También salió al cruce de las críticas vertidas desde la izquierda y organismos defensores de derechos humanos, que sostienen que la norma abre las puertas para la represión de la protesta política y social.

Romero expresó su disenso "con los organismos de Derechos Humanos y organizaciones de izquierda, como el PC", que sostienen que la norma deja tipos penales "abiertos".

Y añadió que, en cambio, "estamos tipificando y cerrando de tal manera que nadie puede sostener que va a apuntar a reprimir algún tipo de protesta social".

La norma dispone la "prisión y reclusión de 5 a 15 años, al que recolectare o proveyere bienes o dinero para financiar una asociación ilícita" como las descriptas en las norma.

La diputada del PRO, Nora Ginzburg expresó la disidencia total de su bloque porque, según dijo, "no cumple en nada los estándares internacionales y no va a servir para reprimir ningún tipo de terrorismo".

Sin embargo, coincidió con Romero en que la ley "no va en el sentido de reprimir la protesta social" y en una clara crítica hacia el gobierno nacional remarcó que "no se cumple la ley cuando se cortan las calles" o aparecen "personas con los rostros cubiertos y palos", al dar por sentado esa situación.

También, afirmó que la iniciativa deja puntos oscuros en cuanto a la definición de "la asociación ilícita" y dijo que con esta norma "no estarían comprendidas las FARC, no estaría Sendero Luminoso, la ETA ni Patria Libre (en lo que pareció un error en lugar de mencionar al desaparecido Movimiento Todos por la Patria que intentó el copamiento de ex destacamento La Tablada)".

Además, Ginzburg embistió contra los militantes que a primera hora de la tarde se instalaron en la puerta de acceso de la Cámara baja en protesta contra la ley, al señalar que recordaba "los horrores cometidos contra el pueblo húngaro por la Unión Soviética, la invasión a Checoslovaquia, los 47 años en el gobierno de Fidel Castro, de qué Derechos Humanos me van a hablar los comunistas".

En contra del proyecto también fueron, aunque con otros argumentos, el bloque del ARI, el Socialista, Concertación Entrerriana, el ex zamorista Carlos Tinnirello y el kirchnerista Miguel Bonasso.

Bonasso, si bien puso a salvo las intenciones del gobierno al impulsar la iniciativa, dijo que "de buenas intenciones a veces desgraciadamente está empedrado el camino del infierno" y se preguntó "quién está detrás del GAFI (Grupo De Acción Financiera Internacional)" y "quién juzga entonces quién es terrorista".

Asumió que la norma "es peligrosa" y que puede ser utilizada "en otra coyuntura y con otro gobierno para reprimir la protesta social", entre otros aspectos, y dijo que esperaba que "esta ley no se vote o esté lista para el 27 de junio para no darles el gusto a los señores del Gafi".

El arista Emilio García Méndez cuestionó el apuro del gobierno para que se vote la ley y lo vinculó "a compromisos internacionales" para cumplir con exigencias del GAFI y aseveró que "detrás del GAFI está el tan vituperado Fondo Monetario Internacional, que no es mencionado en los fundamentos de la ley" y dijo que se busca "criminalizar la protesta social".

Entre los cuestionamientos se mencionó además que no está bien definida la figura de la asociación ilícita, como aseveró el ex duhaldista Juan José Álvarez cuyo bloque el justicialismo nacional apoyó en general la norma, igual que la UCR.

La norma considera que el acto terrorista debe reunir las siguientes características: tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político.

Además, estar organizada en redes operativas internacionales; disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.