Así lo indicaron fuentes judiciales, que precisaron que la indagatoria será el próximo 9 de agosto y se enmarcará en la causa en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura en el ámbito de la ESMA.

García está imputada de haber participado en maniobras de desapoderamiento de bienes de detenidos ilegalmente en el centro clandestino que funcionó en la ESMA, mediante certificaciones apócrifas utilizadas para "transferir" propiedades a sociedades que integraban militares vinculados con la máxima jerarquía naval.

Entre las víctimas de esos procedimientos para despojar a los detenidos desaparecidos de sus bienes figuran Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma, a quienes les quitaron sus propiedades en la localidad mendocina de Chacras de Coria, por un total de unos 15 millones de dólares.

Por esos hechos Emilia Marta García afrontó un proceso de juicio político y cuando estaba muy cerca de ser destituida presentó su renuncia, que fue aceptada por el gobierno de Néstor Kirchner.

La ex jueza habría trabajado durante la dictadura como síndica de la empresa "Will-Ri", que integraban entre otros Jorge "el Tigre" Acosta y Jorge Radice.