La Sala Uno de la Cámara, con las firmas de los jueces Horacio Corti y Carlos Balbín, confirmó un fallo de primera instancia que ordena al gobierno porteño realizar el acondicionamiento integral del establecimiento psiquiátrico situado en Warnes 2650, de esta Capital.

El tribunal aceptó el planteo de la Asesoría Tutelar porteña, que denunció la "...violación flagrante de los derechos a la integridad física, a la salud mental, a la intimidad y a la dignidad de los pacientes que son ingresados, atendidos e internados en el servicio de guardia del Hospital de emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear".

En consecuencia, dispuso que se "diseñe, presente y ejecute un plan de obras en tiempo urgente y perentorio que contemple refacciones, remodelación y acondicionamiento del servicio de guardia, con incorporación del recurso humano necesario, que deberá adaptarse a las necesidades terapéuticas y a la remodelación integral del hospital, respetando la normativa vigente en materia de infraestructura y de seguridad".

Del expediente surge que la Asesoría Tutelar viene realizando inspecciones en el establecimiento asistencial desde el día 10 de marzo de 2004, constatando que las plazas no resultan suficientes para la demanda, por lo que "algunos pacientes tienen que dormir en camillas o en colchones ubicados en el suelo".

En una oportunidad, incluso, fue comprobada la "existencia de pacientes durmiendo en colchones tendidos en el piso, a pesar de que uno de ellos presentaba una herida en el abdomen que requería intervención quirúrgica".

Además, la Superintendencia Federal de Bomberos detectó fallas "en materia infraestructura, instalación eléctrica, instalación de gas y medidas de seguridad contra incendios".

Las obras fueron licitadas por casi ocho millones de pesos y los trabajos fueron iniciados el 13 de febrero de 2006 pero "resultaron interrumpidos ese mismo día como consecuencia de la falta de entrega de los sectores correspondientes".

Del expediente se desprende que "el día 26 de febrero de 2007 se había firmado el acta de reinicio de las obras", pero el detalle de los trabajos establecía que "el plazo para la refuncionalización integral del hospital es de 24 meses aproximadamente", por lo cual los problemas detectados en marzo de 2004 sólo estarían solucionados en febrero de 2009.

Ante ese escenario, la Justicia porteña ordenó al gobierno porteño que "lleve a cabo en el menor lapso posible las obras de refuncionalización del Hospital... debiendo informar al juzgado sobre su avance cada tres meses", además de concluir en un "plazo máximo de 30 días todas las reparaciones necesarias para eliminar los factores de riesgo señalados por la Superintendencia Federal de Bomberos".

"Como en un orden jurídico democrático ninguna parte de la actividad estatal puede quedar por fuera del Derecho, resulta palmario que todos los actos u omisiones de la autoridad pública son susceptibles de ser confrontados con el derecho vigente, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Nacional, para evaluar su grado de concordancia con él", dijeron los jueces.