La sesión -en la que se aprobó previamente la modificación al impuesto a las ganancias- comenzó cerca de las 19 con más de 3 horas y media de demora, debido a que el oficialismo buscó acercar posiciones con la oposición para que el proyecto pueda llegar al recinto con el máximo nivel de consenso.

De hecho, la iniciativa impulsada por el oficialismo fue aprobada por 146 votos contra 12 pasadas las 2.30 de la madrugada, con el respaldo de los macristas de PRO, el Peronismo Federal, la UCR y los lavagnistas del Justicialismo Nacional y el rechazo del ARI y el socialismo.

A pesar de haber planteado sus diferencias en las reuniones previas, el macrismo aceptó resignar la discusión sobre la cesión de fondos pero reiteró en el recinto su reclamo en torno a la transferencia de los recursos.

Tras su paso por Diputados -que demandó cerca de tres horas de debate- el proyecto fue girado al Senado, que lo podría tratar en las próximas semanas para convertirlo en ley, lo cual permitiría cumplir con el planteo formulado por Mauricio Macri para que se debata antes del 15 de agosto.

El texto recibió en el mediodía de ayer dictamen en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Municipales y de Presupuesto de la cámara baja y logró ser debatido horas después por los diputados en el recinto, ya que contaba con una preferencia para su discusión en el plenario del cuerpo.

En tanto, el bloque del ARI, el socialismo y el diputado de la CTA, Claudio Lozano, suscribieron un dictamen de minoría, que defendieron esas bancadas en el recinto, al exponer su postura.

La polémica en torno al proyecto está centrada en que el kirchnerismo sostiene que la Ciudad debe tener atribuciones en materia de seguridad en aquellas competencias que "sean no federales", mientras que macristas, radicales y el ARI reclamaban además la transferencia de recursos.

Si bien la oposición solicitó que se incluya la cuestión de los recursos en la discusión, el oficialismo logró consenso para someter a debate el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el artículo 7 -que es el que impide a la ciudad tener su propia fuerza de seguridad- pero sin incluir el aspecto presupuestario.

La oposición planteó además la necesidad de que se avance con la transferencia de otros organismos al ámbito de la ciudad como las competencias de la Justicia, el transporte y de la administración del Puerto de Buenos Aires.

El debate en torno a la autonomía volvió a plantearse en el Congreso semanas atrás, tras el fracaso de una sesión especial realizada por la oposición que debatió en minoría y además por la reaparición de Macri en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con los cambios a la ley Cafiero.

Desde el oficialismo, el proyecto fue defendido en el recinto por el titular de la comisión de Asuntos Municipales, Eduardo Acastello, quien sostuvo que "la ley Cafiero actúa como un corcé que no permitió que los habitantes de la ciudad tuvieran su propia fuerza de seguridad como en otros lugares de la Argentina".

"La política de seguridad no pasa por tener más policías, ni más agentes en la calle solamente, sino que pasa por políticas de inclusión social, de desarrollo integral de las personas", aseveró

Acastello, quien reiteró la postura del oficialismo de no incluir en el texto la cuestión de los recursos.

En esa línea, y al término del debate, el titular del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, afirmó que "no sentimos que estamos haciendo la gran epopeya sino que con gran esfuerzo estamos modificando la ley Cafiero que impedía que la ciudad tuviese potestad en materia de seguridad".

También, la kirchnerista Juliana Marino -una de las impulsoras del texto propuesto por el oficialismo- consideró "perversa" la ley Cafiero y puso de relieve la redacción del proyecto, a la que calificó como "la más prudente", a la vez que destacó la necesidad de avanzar en el futuro "con el traspaso de la justicia".

La postura del PRO fue expuesta por Federico Pinedo, quien aseguró que el macrismo quiere "darle seguridad a la gente de la ciudad" y sostuvo que se trata de "contar con las herramientas necesarias: no queremos locuras, que se tomen los pasos necesarios porque no queremos obtener ventajas ni hacer partidismo".

Pinedo admitió además que el proyecto es "un avance cualitativo en la legislación argentina y en la "calidad institucional" aunque ratificó la postura del PRO "para que se traspasen además los recursos".

Desde la UCR, la diputada nacional Silvana Giúdici destacó la importancia de la modificiación a la ley 'Cafiero' que se debatía, pero consideró que la transferencia de competencias "debería ser con los recursos", a la vez que planteó la importancia de defender las autonomías locales.

El dictamen promovido por el oficialismo, en base a una iniciativa impulsada por la kirchnerista Juliana Marino, "establece que el gobierno ejercerá sus funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales".

De acuerdo al texto, "el gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Uno de los puntos fundamentales de la iniciativa es la cláusula transitoria única que establece que "definidas por el Gobierno nacional las estructuras necesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios".

Esos convenios deberán celebrarse en virtud del artículo 6 de la ley Cafiero, que hace referencia a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes dedicados a la seguridad pública.

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