Mar 11.09.2007

00:00  › ORGANISMOS DE DDHH PRESENTAN QUEJA POR CAUSA QUE INVESTIGA HECHOS DE VIOLENCIA EN 2001

Retardo de justicia

Organismos de Derechos Humanos se quejaron hoy ante la Cámara Federal por presunto "retardo de justicia" en la causa en la que se investigan los hechos de violencia en la jornada que culminó con la renuncia del ex presidente Fernando de la Rua.

Mediante una presentación efectuada este mediodía ante la Sala II del Tribunal, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos insistió en la necesidad de que se eleve a juicio oral a los procesados.

En un escrito, firmado por los abogados Rodrigo Borda, María del Carmen Verdú y Rodolfo Yanzón, los organismos afirmaron que "el plazo para resolver la elevación a juicio venció hace más de seis meses".

Las entidades de DDHH instaron a "tomar medidas para evitar la responsabilidad internacional del Estado por denegación de justicia y retardo injustificado" y volvieron a criticar la "sistemática actividad dilatoria" de las defensas de los imputados.

Reclaman que se eleve a juicio oral al ex Secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov; al ex Jefe de la Policía Federal Rubén Santos y a los ex responsables directos del operativo de seguridad, lso comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero.

Los cuatro están procesados por los homicidios culposos de Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto y 227 lesiones a manifestantes que protestaban contra el gobierno de De La Rúa.

El juez federal Claudio Bonadío "al asumir competencia para intervenir en una causa de esta complejidad e importancia institucional también asumió la responsabilidad de cumplir los plazos legales y no dilatar el avance del proceso", dijeron los letrados.

En esta causa -en la que interviene Bonadío tras la excusación de María Servini de Cubría- la Cámara Federal exhortó a que "a la brevedad" se someta a juicio oral a Santos y a Mathov por la violenta represión del 20 de diciembre de 2001.

En tres resoluciones donde rechazaron intentos de las defensas por llegar a la Cámara de Casación -máximo tribunal penal del país- los miembros de la sala II resaltaron "la preocupación para que la causa arribe a la brevedad a la instancia de juicio oral".

"Desde hace dos años", el tribunal de apelaciones insiste en enviar la causa a juicio en pos del "interés de la sociedad en la eficacia de la administración de Justicia" y en base a "una demora injustificada en el cierre de la instrucción", concluyó.

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