Mediante una presentación efectuada este mediodía ante la Sala II del Tribunal, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos insistió en la necesidad de que se eleve a juicio oral a los procesados.

En un escrito, firmado por los abogados Rodrigo Borda, María del Carmen Verdú y Rodolfo Yanzón, los organismos afirmaron que "el plazo para resolver la elevación a juicio venció hace más de seis meses".

Las entidades de DDHH instaron a "tomar medidas para evitar la responsabilidad internacional del Estado por denegación de justicia y retardo injustificado" y volvieron a criticar la "sistemática actividad dilatoria" de las defensas de los imputados.

Reclaman que se eleve a juicio oral al ex Secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov; al ex Jefe de la Policía Federal Rubén Santos y a los ex responsables directos del operativo de seguridad, lso comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero.

Los cuatro están procesados por los homicidios culposos de Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto y 227 lesiones a manifestantes que protestaban contra el gobierno de De La Rúa.

El juez federal Claudio Bonadío "al asumir competencia para intervenir en una causa de esta complejidad e importancia institucional también asumió la responsabilidad de cumplir los plazos legales y no dilatar el avance del proceso", dijeron los letrados.

En esta causa -en la que interviene Bonadío tras la excusación de María Servini de Cubría- la Cámara Federal exhortó a que "a la brevedad" se someta a juicio oral a Santos y a Mathov por la violenta represión del 20 de diciembre de 2001.

En tres resoluciones donde rechazaron intentos de las defensas por llegar a la Cámara de Casación -máximo tribunal penal del país- los miembros de la sala II resaltaron "la preocupación para que la causa arribe a la brevedad a la instancia de juicio oral".

"Desde hace dos años", el tribunal de apelaciones insiste en enviar la causa a juicio en pos del "interés de la sociedad en la eficacia de la administración de Justicia" y en base a "una demora injustificada en el cierre de la instrucción", concluyó.