El escrito de la Secretaría de Derechos Humanos lleva la firma de Duhalde y del subsecretario del área, Rodolfo Mattarollo y constituye una "opinión jurídica no vinculante", también conocida como 'amicus curiae'.

En mayo de 2006, la Cámara baja rechazó la incorporación de Patti por considerar que su historial de violaciones de los derechos humanos lo inhabilitaba para ejercer el cargo de legislador.

La decisión de la Cárama de Diputados fue confirmada por la Justicia electoral en primera instancia, aunque luego fue revocada por la Cámara Nacional Electoral.

Contra ese fallo de segunda instancia, la Cámara baja presentó un recurso extraordinario que ahora debe resolver la Corte.

La Secretaría de DDHH afirma en la opinión jurídica presentada hoy que en el caso Patti "se ha efectuado un proceso contradictorio con amplias garantías de tipo acusatorio ante Diputados, en el curso del cual el diputado electo pudo ejercer el derecho a la defensa, ser oído y presentar prueba de descargo", indicó en un comunicado de prensa.

El escrito sostiene que "la cuestión debe dirimirse conforme a normas éticas y jurídicas no penales y en función de la obligación del Estado, conforme a los tratados internacionales en vigor, de garantizar la democracia, los derechos humanos y la no repetición de las violaciones cometidas en el pasado".