Asimismo, destacó, le solicitó que se precisarán "los alcances de la norma" por la cual, según la ministra del Interior uruguaya, Daisy Tourné, se impedirá el paso de manifestantes de Gualeguaychú hacia Fray Bentos.

El domingo último alrededor de medio centenar de integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú viajaron a través del puente que une esa ciudad con Fray Bentos hacia Nueva Palmira.

Allí dejaron creada una Asamblea Regional, para luchar contra la instalación de fábricas de celulosa y químicas en la zona.

Según denunciaron gualeguaychuenses, habrían sido increpados por comerciantes de Fray Bentos que resultaron perjudicados por el corte del puente internacional, que el mes próximo cumplirá un año.

Eses incidente, indicó el embajador a radio América, "motivó el pedido de audiencia con el canciller (uruguayo) para expresarle la preocupación del gobierno (argentino) por los hechos denunciados".

Patiño Mayer pidió a Gargano "que nos explique" y describa el "resultado de investigaciones" hechas en Uruguay.

"La respuesta fue que se iban a comunicar con el Ministerio del Interior para brindar información", agregó el diplomático.

Cuando se le preguntó sobre lo anunciado por la ministra Tourné en torno de impedir nuevas reuniones de argentinos en Uruguay, Patiño Mayer señaló que "en una parte de la reunión le solicité al canciller que se precisaran los alcances de la norma".

Se trata de una ley, aparentemente antigua, dijo, "que supone pedidos de autorización previo para cualquier tipo de reunión pública".

Presentación en la CIDH

La Asamblea de Gualeguaychú denunciará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el hostigamiento del domingo pasado en la ciudad de Fray Bentos.

El cuerpo, que deliberó hasta última hora de anoche en el Club Sirio-Libanés de esa ciudad entrerriana, repudió además la decisión de las autoridades uruguayas de prohibir manifestaciones de argentinos contrarias a la instalación de una planta de pasta celulósica sobre el Río Uruguay, limítrofe entre los dos países.

Así informó el comerciante José Pouler, quien junto con Edgardo Moreyra, Jorge Fritzler y Luis Correa, recibió insultos y empellones de manifestantes uruguayos.

Los agresores dijeron ser damnificados del derrumbe de la actividad comercial en Fray Bentos, debido al crónico bloqueo del tránsito en la frontera por parte de manifestantes argentinos.

La denuncia ante el organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) será efectuada por la fundación Centro Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).

Esa organización no gubernamental, que preside Jorge Taillant, presentará el caso pasado mañana ante la CIDH en Washington y "fue autorizada (anoche) a hacerlo en nombre de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú", dijo Pouler.

El Cedha pidió autorización a la asamblea mediante una nota en la que afirmó que el caso de Fray Bentos "es otro de los tantos abusos de derechos humanos que han sufrido y sufren los defensores ambientales y de derechos humanos en Latinoamérica".

Añadió que esos episodios son a su vez "consecuencia adicional de la violación de otros derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, a la propiedad, a la cultura, a la salud, a un medio ambiente sano, representados por los defensores integrantes de las organizaciones sociales y populares".

La entidad comunicó que se propone "hacer una presentación formal ante la CIDH, el próximo 12 de octubre" en Washington.

En ella pedirá que se "evalúe las situaciones de abuso que padecieron los asambleístas el 7 de este mes y otras situaciones suscitadas anteriormente en el marco de la pacífica y legítima protesta que tuvieron como víctimas a otros integrantes de la Asamblea Ciudadana", precisó.

Por eso, acotó, "para fortalecer y legitimar la presentación ante la CIDH, la Fundación Cedha desea efectuar la presentación en nombre y representación de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguychú y contar con el consenso favorable de la misma", lo que fue aprobado anoche por los vecinos de Gualeguaychú.