Dentro de los establecimientos carcelarios, durante la votación actuarán veedores de diversas ONG's invitados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informó esta cartera.

Aportarán veedores el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, la Fundación Servicio Paz y Justicia y Poder Ciudadano.

La ley 25.858, que extendió a personas con prisión preventiva el ejercicio del derecho a sufragar, fue sancionada por el Congreso Nacional en el 2003 y reglamentada el año pasado por el decreto 1291 del presidente Néstor Kirchner.

La norma derogó el artículo 3 de la ley 19.945 del Código Electoral Nacional, que impedía incluir en los padrones a personas encarceladas y violaba los derechos instituidos en la Constitución Nacional y la Convención Americana de los Derechos Humanos.

El decreto establece que los ciudadanos procesados que se encuentran cumpliendo prisión preventiva tienen derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.

La Cámara Nacional Electoral, que confeccionó el registro de Electores Privados de Libertad, habilitará las mesas de votación en cada una de las unidades y designará a sus autoridades.

Como presidentes de mesa actuarán docentes de cada unidad carcelaria y un suplente.

Los procesados podrán votar para cargos ejecutivos y legislativos nacionales en el establecimiento en que se encuentren alojados y sus votos se adjudicarán al distrito en el que estén empadronados.

El sistema es similar al que rige para los ciudadanos argentinos que residen en el exterior.

Votarán en 20 unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) distribuidas en 11 provincias, aunque la gran mayoría lo hará en las unidades de Devoto, Ezeiza y Marcos Paz.

Cuando cierre el acto, sólo se consignarán el número de electores, la cantidad de votos emitidos y el número de boletas sin utilizar y será la Cámara Nacional Electoral la encargada del escrutinio de los votos de los ciudadanos procesados.

El SPF, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional de las Personas y el Ministerio del Interior trabajan en forma mancomunada para acelerar la documentación de los procesados empadronados.

La dificultad deriva de que el 51 por ciento de los ciudadanos que ingresan al sistema penal federal lo hacen sin documentación.

También de la fluctuación de una población penal que, durante el semestre mayo-octubre de 2006, por ejemplo, registró 4.000 ingresos y 2.300 egresos.

Los procesados que recuperen su libertad antes del comicio deberán votar en las mesas correspondientes a sus domicilios.