Así lo confirmaron fuentes tribunalicias que señalaron que la medida la tomó el juez federal Claudio Bonadío quien también trabó un embargo de dos millones de pesos en los bienes del ex presidente.

De la Rúa -quien contaba con una "falta de mérito" y el viernes último volvió a ampliar su indagatoria- atribuyó la hipótesis de un "complot en su contra" como generadora de los gravísimos episodios ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001.

En una resolución que supera el centenar de carillas, Bonadío también procesó por los mismos delitos al ex vicejefe de la Policía Federal Osvaldo Cannizzaro (el ex titular de la fuerza Rubén Santos ya estaba procesado) y al ex comisario de la seccional 6ta. Daniel Manzini.

La medida alcanzó a los titulares de las circunscripciones primera, segunda y séptima de la Federal, comisarios Próspero Treseguet, René Jesús Derecho y Alfredo Salomón y fue dictada en el marco de la causa en la que también están procesados el ex Secretario de Seguridad Interior de la Alianza, Enrique Mathov y los ex comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero.

El juez afirmó que el ex Jefe del Estado "no usó las herramientas" que tenía a su mano para evitar los gravísimos episodios y sostuvo que De la Rúa -a quien calificó como "experimentado abogado y legislador con importante trayectoria"- no cumplió con el "deber de cuidado" y que no puede sostener que ignoraba lo que ocurría en la Plaza de Mayo.

Al ampliar su indagatoria, De la Rúa recordó que el dictado del decreto de "estado de sitio" (por este hecho Bonadío lo sobreseyó de la imputación de "abuso de autoridad") había sido pedido por varios gobernadores, entre ellos Carlos Ruckauf "desbordado por los hechos por el mismo desatados".

Al término de aquella audiencia el abogado Jorge Kirszenbaum, uno de los letrados que asistió a De la Rúa durante la ampliación del interrogatorio, estimó que "como no hay nuevos hechos incriminatorios, la falta de mérito debería transformarse en un sobreseimiento".

"No hay nada que altere la falta de mérito dictada en su oportunidad", coincidió Ronald Troncoso, otro letrado que asistió al ex presidente en la audiencia; mientras que su colega Rodolfo Yanzón, quien representa a una veintena de querellantes, opinó en cambio que el ex jefe de Estado "tiene responsabilidad" en las muertes y lesiones a manifestantes.

De la Rúa, quien expresó su "mayor pesar" por "las cosas que ocurrieron al final de mi gobierno", también criticó a la jueza federal María Servini de Cubría, quien instruyó la causa durante más de un lustro, hasta que meses atrás se excusó y el sumario pasó a Bonadío.

El ex presidente indicó que fue la magistrada quien, sin tomar contacto con el entonces ministro del Interior Ramón Mestre, "dispuso desalojar la Plaza de Mayo hasta detrás de la pirámide" ubicada en el centro de ese paseo.

Sobre ese aspecto la defensa de Santos días atrás efectuó un planteo de nulidad sobre todo lo actuado por Servini de Cubría al considerar que fue "parte de los hechos y no un investigador imparcial", por su presencia en el lugar de los episodios y haber impartido órdenes al personal policial sobre la forma de actuar.

De confirmarse los procesamientos dictados por Bonadío, el ex presidente y los otros cinco jefes policiales procesados hoy irán a juicio ante el Tribunal Oral en lo Federal Tres, junto a Mathov, Santos, Andreozzi y Gaudiero.

A todos ellos se les imputan los homicidios culposos de Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto ocurridos en inmediaciones de Plaza de Mayo y Plaza de la República y más de un centenar de heridos en esos episodios.

Al urgir la elevación a juicio oral la Cámara Federal había aludido al "interés de la sociedad en la eficacia de la administración de Justicia" y criticó la "demora injustificada en el cierre de la instrucción".