Mediante un escrito que firman sus abogados defensores Miguel Angel Almeyra y Zenón Ceballos se afima que el procesamiento "ha valido rodear la causa de escándalo y publicidad desmedida, en el país y en el mundo, y para peor en vísperas electorales".

En las cinco carillas de la apelación los letrados sostienen que Bonadío se apartó de lo dispuesto por la Cámara Federal cuando confirmó la "falta de mérito" de la que gozaba el ex Jefe del Estado por lo que reclaman que el tribunal de alzada "revoque" el procesamiento "dictándose el sobreseimiento del ex presidente".

La semana anterior Bonadío, en una resolución de un centenar y medio de carillas, procesó a De la Rúa, con un embargo de dos millones, y a otros ex jefes policiales por los episodios de violencia registrados en diciembre de 2001 que culminaron con cinco muertos en inmediaciones de la Plaza de Mayo y del Obelisco.

En aquella resolución el magistrado descreyó la versión del ex Jefe del Estado en el sentido que "ignoraba" lo que acontecía en el histórico paseo ubicado frente mismo a la Casa Rosada donde se producían esos gravísimos hechos.

Según la defensa al procesar a De la Rua se interpreta en forma "antojadiza" la declaración que el ex presidente había prestado días antes "y hasta se permite señalar contradicciones inexistentes" lo que, a su criterio, "demuestra que sus preguntas en vez de servir lealmente a la defensa material sólo querían

inducir a confusiones o sorpresas".

Los letrados Almeyra y Ceballos insistieron en que "no hubo orden del Presidente para actuar sino que la disposición inicial de desalojar es del propio Tribunal", en referencia a la jueza María Servini de Cubría quien llevó el expediente hasta que se excusó y recayó en lo de Bonadío.

Según los abogados "no era función (de De la Rúa) un monitoreo particular de la acción policial" y afirman que el juez al dictar el procesamiento "ignora que la policía tiene sus reglas legales de actuación contra los excesos o desbordes por lo que no es un dogma suponer lo contrario".

Bonadío "omite analizar también el problema de la relación causal entre los hechos que motivan la imputación y la conducta culposa atribuida" ya que "ésta consistiría en no haber hecho cesar la acción policial" sostiene la defensa.

La policía tiene "su propia dinámica funcional según las reglas o práctica de su actuación por completo ajenas al Presidente y de ningún modo dirigidas a cometer excesos contra las personas" y que la misma fuerza tiene "órdenes de repliegue y cese de toda represión".

La apelación consigna, además, que al procesamiento de su asistido "desconoce lo que está demostrado de que el Presidente no recibía partes, informes o minutas y que actuaba el Ministerio del Interior (por entonces a cargo del fallecido Ramón Mestre), en quien estaba delegada la competencia en materia policial y de seguridad".

De acuerdo a las normas procesales si Bonadío concede la apelación interpuesta, el expediente pasará a la Cámara Federal que podrá ratificarlo, en cuyo caso la causa estaría en condiciones de ir a juicio oral; o revocarlo dictando el sobreseimiento de De la Rúa, como pretende su defensa, o una nueva "falta de mérito".

Fuente: Télam