En tanto, el Ministerio del Interior ratificó que en noviembre instalará cámaras filmadores, aumentará la vigilancia policial y destinará miembros de Gendarmería a andenes, ante la sucesión de delitos denunciados por usuarios del transporte utilizado desde y hacia Capital y el sur bonaerense.

El fallo judicial confirmó una sentencia de primera instancia dictada en mayo por la jueza Claudia Rodríguez Vidal, que fue apelada luego por el Estado nacional, debido a que recuperó a mediados de este año la administración del servicio.

Luego de destrozos provocados por usuarios en la terminal de trenes del barrio porteño de Constitución, el gobierno nacional rescindió la concesión de las líneas Belgrano Sur y Roca a la empresa Transportes Metropolitanos SA.

Poco después, asignó la administración a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), conformada por el Estado nacional y tres empresas privadas, Ferrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires (TBA).

En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal estableció que el gobierno nacional tiene que disponer un plan de "trabajos y obras", para garantizar un servicio ferroviario óptimo en un plazo máximo de 30 días.

El fallo judicial, con las firmas de los jueces Bernardo Licht y Pedro Coviello, ordenó que las mejoras deberán estar contempladas en un eventual pliego de concesión si el Estado opta por ceder la administración del servicio en forma exclusiva a una compañía privada.

La sentencia obligó al gobierno nacional a "garantizar a todos los usuarios las condiciones y presupuestos mínimos de seguridad e higiene, en lo referente al estado general de las estaciones y de las formaciones".

Según el fallo, "la elaboración del plan de trabajo y el cronograma de obras debe tener lugar dentro del plazo de 30 días, de encontrarse firme la presente (sentencia) y ajustarse al Acuerdo de Gerenciamiento, cuya suscripción debe tener lugar entre la Secretaría de Transporte y la UGOFE".

La aclaración responde a que la condena puede ser recurrida, con el fin de solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión de la Justicia fue adoptada en el marco de una causa promovida por el ombudsman nacional, Eduardo Mondino.

En julio de 2005, Mondino impulsó una acción de amparo para que se condenara al Estado nacional a ejecutar "los controles y acciones necesarias para que la empresa (Transportes Metropolitanos) cumpla debidamente con las obligaciones emergentes del contrato de concesión".

La jueza de primera instancia Rodríguez Vidal ordenó luego a la Secretaría de Transporte, la empresa Transportes Metropolitanos SA y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la elaboración de un plan de gestión.

La magistrada especificó que ese programa, ratificado en las últimas horas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, debe "permitir el acceso de los usuarios al servicio ferroviario en calidad y cantidad que no constituya un riesgo para su seguridad física".

Por su parte, el Ministerio del Interior ratificó que el viernes comenzará a aplicar el programa Tren Alerta en el Roca, que funciona en ramales ferroviarios de la zona norte y en los subterráneos porteños.

El plan incluye la instalación de cámaras filmadoras en al menos once estaciones, el aumento de la cantidad de policías, la incorporación de efectivos de Gendarmería y la recepción de denuncias por teléfono celular al *31416, entre otras medidas.

"El objetivo es que la gente viaje más tranquila y que los arrebatadores piensen dos veces antes de actuar", dijo Diego Fernández Garrido, asesor de seguridad del ministerio, en declaraciones publicadas hoy por el diario La Nación.

Fuente: DyN