Una alta fuente del bloque oficialista ratificó que la iniciativa se tratará "la próxima semana o en quince días", y que la demora se debió a la intención de los senadores de llegar al recinto con un proyecto totalmente consensuado en el seno de la bancada.

Para tal fin se realizará el martes próximo un plenario de las seis comisiones que deben dictaminar en la materia, en donde se intentará acordar los cambios que se le introducirán a la propuesta.

"Estábamos muy cerca del consenso con todos los senadores, entonces iba a ser una pena bajar al recinto y generar una discusión evitable. En el plenario terminaremos de ajustar detalles y podremos tratarlo al día siguiente sobre tablas o, mejor aún, la semana siguiente en sesión ordinaria", explicó una legisladora de una provincia norteña.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, iba a ser tratado en la sesión del miércoles, la primera tras el receso por la campaña electoral, pero fue finalmente postergado.

Según explicaron voceros del oficialismo, la resolución se adoptó en un encuentro realizado el martes entre la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Romina Picolotti, y un grupo de senadores del noreste y del noroeste, las regiones que más se oponen a la sanción de la ley.

Ese encuentro se realizó en el despacho del senador oficialista Roberto Urquía y allí se debatieron los aspectos más conflictivos de la propuesta.

Uno de los planteos de los senadores estuvo relacionado con el origen del dinero que se destinará a integrar el fondo compensador para las provincias que se vean económicamente afectadas por la suspensión de la tala de árboles.

En el proyecto original se mencionaba que surgiría de partidas presupuestarias dispuestas por el Poder Ejecutivo, pero los senadores reclamaron una especificación más precisa. "Queremos fondos genuinos y no coparticipables", expresaron los legisladores, y sugirieron la posibilidad de que el fondo compensador se integre con partidas provenientes del anunciado aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Ante el tenor de la propuesta, Picolotti dijo que primero debía consultar con el Ministerio de Economía sobre la viabilidad de este planteo.

Sí quedó resuelta en cambio la cuestión jurisdiccional, ya que originalmente estaba previsto que la Secretaría encabezada por Picolotti estaría a cargo del control del cumplimiento de la norma, pero luego se acordó que para no violar las autonomías provinciales cada órgano local quedaría como responsable de la tarea.

El proyecto, entre otros aspectos, suspende por un año el derecho de las provincias a concesionar nuevos permisos de desmonte y de explotación y establece un plazo para la realización de un ordenamiento de sustentabilidad de los bosques nativos, además de ratificar el rol de las provincias en el control y la aplicación de la ley.

En Diputados tuvo un tratamiento muy extenso (se aprobó en general en noviembre de 2006 y en particular cuatro meses más tarde), pero en el Senado la iniciativa quedó paralizada por la resistencia de los legisladores de Salta, Formosa y Misiones, principalmente.

Actualmente en la Argentina se desmontan por año más de 200.000 hectáreas de bosques de especies autóctonas, como el algarrobo, el quebracho y la lenga, sobre todo para generar aprovechamiento de terrenos para la agricultura y la ganadería, que son muy bien remuneradas gracias a las exportaciones.

Fuente: DyN

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