La primera piedra que lanzarán los sindicatos será una huelga de servicios ferroviarios de corta y larga distancia a partir de las 20 (las 16 en Argentina), a la cual se sumarán mañana el resto del transporte público de París, los empleados de los servicios de gas y electricidad y hasta la ópera.

De manera progresiva se plegarán a la medida los empleados públicos, de correos, maestros, jueces, estudiantes universitarios, pescadores y hasta pilotos de helicópteros del sistema de salud público, según fue anunciado por los sindicatos y organizacioens que los representan.

Cada día los diferentes sectores gremiales decidirán la continuación o no de la medida de fuerza, una acción similar a la del pasado 18 de octubre, que duró cinco días y tuvo una adhesión del 75 por ciento.

El malestar en este caso en particular está dirigido a los proyectos de Sarkozy de eliminar regímenes especiales de pensión por los cuales ciertos trabajadores estatales aportan durante 37,5 años para jubilarse, en lugar de los 41 que aporta el resto. El mandatario quiere que todos aporten durante 41 años.

Seis meses después de ser electo, Sarkozy sabe que esta será una batalla crucial contra los aguerridos sindicatos.

Algunos analistas dicen que si se rinde ante las huelgas, perderá sus credenciales de reformador, mientras que si se mantiene firme, podría sumarse a Margaret Thatcher y Ronald Reagan en el panteón de líderes que forzaron cambios históricos en la relación de fuerza con los sindicatos.

El gobierno advirtió esta semana que "no tolerará" posibles actos de violencia durante la huelga y llamó a la "compostura" a los sindicatos que lideran las movilizaciones.

Desde Berlín, Sarkozy afirmó ayer que se encuentraba "calmo" y "determinado", y agradeció el apoyo de la jefa de gobierno alemana Angela Merkel, quien le auguró "éxito para la implementación de las necesarias reformas que debe afrontar Francia".

Los sindicatos sostienen que este es sólo el primer paso en su lucha contra esta y las demás reformas que proyecta Sarkozy, que para el año próximo quiere suprimir 28.000 empleos públicos.

Aunque el 68 por ciento de los franceses está contra la huelga, los analistas estiman que gran parte del país estará dispuesto a sumarse a las medidas en las próximas semanas en defensa del estatu quo y en reclamo de mejoras salariales.