Kirchner reclamó por el retraso de la Cámara de Casación Penal para expedirse sobre el recurso presentado hace más de cuatro años por el ex capitán de navío Raúl Scheller, acusado de delitos de lesa humanidad en la ESMA, que funcionó como centro de detención clandestino.

El jefe de Estado demandó en varias oportunidades que se aceleren las causas contra los represores y en ocasión de un acto realizado en Córdoba se preguntó: "¿Qué pasa en la Cámara de Casación, donde están parados por años juicios que deberían estar en marcha?".

El planteo de Kirchner generó que el Consejo de la Magistratura avance en una investigación sobre los motivos que habían generado el retraso en esas causas y una dura embestida contra Alfredo Bisordi, quien finalmente renunció a la presidencia de la Cámara de Casación Penal.

Ahora, la sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó la presentación de Scheller, con lo cual podrá avanzar la causa de violaciones a los derechos humanos en la que el ex capitan de navío es acusado del asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

A través de su defensor, el abogado Alfredo Solari, Scheller había planteado la inconstitucionalidad de la ley 25.779 que anulaba las leyes de obediencia debido y punto final.

El ex marino, quien lleva cuatro años detenido sin condena y por tal circunstancia denunció a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionó la validez de la ley y argumentó que la reapertura de la causa violaba el principio jurídico de "cosa juzgada".

A esa presentación siguieron otras de la defensa y la querella que incluyeron la recusación de magistrados de la Cámara de Casación y la circulación del caso por distintos tribunales, hasta que semanas atrás la Corte Suprema de Justicia dispuso que la Sala II debía ocuparse del recurso.

En esa oportunidad la Corte rechazó las excusaciones de los camaristas Pedro David, Juan Fégoli y Gustavo Mitchell e instó a que se imprimiera celeridad al trámite procesal, cuyos vaivenes generó una denuncia de otros camaristas de casación, entre ellos Alfredo Bisordi, ante el Consejo de la Magistratura.

"Se presenta -expuso entonces la Corte- un caso de gravedad inusitada en la medida en que han transcurrido más de cuatro años, y todavía no se ha resuelto en torno a la validez del auto que dispuso la reapertura del trámite de la causa".

Luego de la decisión de la Corte y antes del fallo conocido esta tarde, el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF5) comenzó a juzgar al ex prefecto Héctor Febrés por delitos cometidos en la ESMA, un juicio que se habría anulado si la decisión de la Cámara de Casación hubiera aceptado el recurso de Scheller.

La Corte ya había avalado a la ley 25.779 cuando, en junio de 2005, se expidió en la causa seguida contra el represor Julio "el Turco" Simón.

En el fallo notificado esta tarde, la Sala II de la Cámara de Casación hizo referencia a esa resolución de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de las leyes "exculpatorias" 23.492 y 23.521 y al "indiscutible deber jurisdiccional de conformar las decisiones que se adopten a las sentencias dictadas por el Alto Tribunal".

En tal sentido, los camaristas David, Fégoli y Mitchell coincidieron con que "a fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la supresión de las leyes de punto final y obediencia debida resulta impostergable".

La decisión parlamentaria eliminó obstáculos normativos que impidieran la persecución penal de delitos como los atribuidos a Scheller y por lo tanto "quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada", consignó la sentencia.

La Sala II citó fallos según los cuales "no puede entenderse como consolidada e irrevisable una situación cuyo beneficio se pretende lograr a expensas de las más elementales expectativas que puede tener un persona y la sociedad, como es la de acceder a una tutela judicial efectiva cuando se invoca la pretensión de investigar conductas que han lacerado a la propia humanidad".

La decisión del tribunal implicó la confirmación de la resolución dictada "en pleno" por la Cámara en lo Criminal Federal de esta capital el 1 de setiembre de 2003, cuando dispuso "el sorteo entre los juzgados" del fuero "a fin de establecer cual de ellos deberá continuar con el trámite de la causa".