La resolución de la Cámara en lo Criminal Federal revocó una "falta de mérito" de primera instancia tras considerar que "todas las contrataciones irregulares" investigadas tenían como beneficiarios a "parientes o allegados" de Giacomino.

Por el mismo delito, la Sala II del tribunal confirmó además los procesamientos de Raúl Marcelo Pigretti, Alfredo Ursaia y Daniel Adolfo Rodríguez, ex jefes de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal.

Como "partícipes necesarios" de la administración fraudulenta en perjuicio de la institución policial, fueron confirmados los procesamientos de Vicente Capizzi, concuñado de Giacomino, sus hermanos Ana María y Marcelo Capizzi y Américo Di Blasio y Diego Armador, conocidos de los anteriores.

La causa se inició en octubre de 2003, cuando el entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, relevó de sus funciones a Giacomino y Pigretti, ambos comisarios generales.

La decisión fue tomada cuando una investigación en la que intervino la Oficina Anticorrupción descubrió un fraude estimado en más de 10 millones de pesos, en contrataciones para el Hospital Churruca y otros servicios de salud de la Policía Federal.

Según constancias judiciales, se detectaron anomalías en la contratación de sistemas y equipos informáticos, mobiliario y mano de obra con empresas de Vicente Capizzi, sus familiares y amigos.

También se hallaron irregularidades en otros contratos de equipamiento médico y tecnológico para el Hospital Churruca por unos 3.000.000 de pesos.

"En todos los casos se ha comprobado una serie de hechos que permiten sostener fundadamente que los diferentes contratos fueron realizados en procura de un provecho económico de las empresas beneficiadas y en perjuicio de los intereses de la Policía Federal Argentina", expresó el tribunal de segunda instancia.

La Cámara agregó que a la "sugestiva integración de las empresas beneficiadas se aunaron las conclusiones de peritajes, donde se objetó la circunstancia de que no se haya invitado a los principales proveedores de sistemas para hospitales y clínicas".

A juicio de los peritos, "las sociedades invitadas a participar no reunían los antecedentes necesarios" para un proyecto de tamaña envergadura.

El esquema abarcaba media docena de empresas, una de ellas constituida un día antes de firmar el contrato y de las cuales las más favorecidas fueron Novel Time, L&M, Tropex y Dinatch.

Todas "tenían estrechas relaciones entre sí, por lo que queda claro que no existió competencia entre éstas y que la decisión sobre la adjudicación de los contratos estaba tomada antes de iniciarse el proceso de selección", indicaron los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun.

Las fuentes consultadas señalaron que la empresa Novel Time, según sus estatutos, se dedicaba a la explotación comercial de complejos de vacaciones y su propietario era Santiago Alvarez, tío de la nuera de Giacomino.

L&M Sist-Serv, de Vicente Capizzi, obtuvo contratos y recibió de la Superintendencia de Bienestar aproximadamente 1.500.000 de pesos y Tropex S.R.L., que cobró una cifra menor, estaba integrada por el concuñado de Giacomino y Beatriz Querejeta, suegra del ex jefe de la Policía Federal.

Dinatech SRL, de Ana María y Marcelo Capizzi, "registró operaciones con la institución que involucraron montos cercanos a los 800.000 pesos", consignó la Sala II de la Cámara.

Entre las irregularidades registradas en casi un centenar de hechos, figura la opción por las alternativas "más caras y perjuidiciales", la "evidente inconveniencia de alquilar" servicios, el pago de "significativos" sobreprecios y "una recurrente ausencia de documentación respaldatoria".

En algunos casos se comprobó que "los equipos provistos presentaban varios defectos que obstaban al cumplimiento de sus funciones", porque "estaban viejos y visiblemente deteriorados por el óxido, y eran modelos reacondicionados que se habían dejado de fabricar, por lo que resultaba difícil su mantenimiento".

"Giacomino, Pigretti, Ursaia y Rodríguez, en abuso de sus cargos, manejaron fraudulentamente los fondos públicos a su disposición, generando un perjuicio económico de especial relevancia para la administración estatal", con "la complicidad de los demás procesados", subrayaron Cattani e Irurzun.

Para los camaristas, en el sumario penal hay pruebas para sostener que "Giacomino tuvo injerencia directa en la elección de estas personas y en la manera en que se perpetraron los hechos".