Oyarbide remarcó en la resolución, que si bien los diplomáticos no están imputados "de momento", no puede descartarse que "con el devenir de la investigación se conviertan en partícipes de las maniobras que se investigan".

Por su parte, el otro juez que lleva parte del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky, no tomará por el momento la misma decisión que Oyarbide porque su objeto de investigación pasa por determinar el contrabando, que involucra a eventuales gestores, intermediarios y propietarios finales de los vehículos, informaron fuentes de su juzgado.

Oyarbide firmó la resolución pasado el mediodía, apenas recibió una voluminosa carpeta con un informe de Cancillería, donde se detalló la situación de cada uno de los diplomáticos mencionados en la causa, entre ellos 14 embajadores.

Ahora el máximo tribunal del país deberá determinar si se queda con la pesquisa o, como lo hizo en anteriores ocasiones, designa un juzgado de instrucción para que la lleve adelante.

El juez puso de relieve que "en prácticamente todas" las importaciones con alguna irregularidad detectada "aparecen vinculados a los trámites funcionarios de estados extranjeros con representación en nuestro país", según la resolución.

Ante esto y "si bien no existe de momento ninguna imputación sobre tales funcionarios extranjeros, lo cierto es que necesariamente durante la pesquisa será necesario profundizar la investigación respecto de su actuación", enfatizó el magistrado.

Por ello y "no descartándose la realización de estudios -tales como pericias caligráficas, químicas, tasaciones y otros- que exigen su convocatoria y que no permiten descartar que con el devenir de la investigación se conviertan en partícipes de las maniobras que se investigan".

"Concretamente, los funcionarios deben firmar, al menos, una planilla dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se detalla el vehículo a ingresar y el destino, solicitando el despacho libre de derechos y servicios aduaneros", explicó el juez.

Además, deben rubricar "una nota solicitando por la vía de excepción la nacionalización del vehículo".

La actuación del tribunal, "entonces podría afectar la inmunidad prescripta por las convenciones de Viena de 1961 y 1963", concluyó al remitir el caso a la Corte.

En el escrito, el juez ratificó que "se pudo determinar que la totalidad de franquicias otorgadas en el período investigado asciende a 960 casos".

Todos serán objeto de investigación, más allá que para realizar su auditoría interna Cancillería tomó un muestreo de 98 importaciones "de los cuales se observaron irregularidades en casi el 80 por ciento, 78 casos", concluyó.