Fuentes tribunalicias señalaron que la medida alcanzó a Eduardo Cartelli, ex director de la Tesorería del Senado; y a su subdirectora Beatriz Graciela Teller, quienes ejercieron funciones desde fines de diciembre de 1983 hasta el 21 de mayo de 1999, cuando fueron desplazados de sus cargos.

En la misma resolución la Cámara Federal multiplicó casi doce veces el monto del embargo en los bienes de los procesados, elevándolo de los 30 mil pesos fijados en primera instancia a 350 mil para cada uno de los ex funcionarios.

La medida la tomó la Sala I del tribunal, con la firma de los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah, quienes ratificaron de esa manera los procesamientos dictados oportunamente por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien les imputó las figuras previstas en los artículos 173 y 174 del Código Penal.

Esas normas -insertas en el capítulo dedicado a las "estafas y otra defraudaciones"- reprimen con prisión de dos a seis años "al que cometiere fraude en perjuicio de una administración pública", que -en esta causa- fue estimado en el orden de los 327.253,18 pesos.

Según las constancias del expediente, ambos ex funcionarios "sustrajeron importantes sumas de dinero en efectivo de caja y de las distintas cuentas bancarias pertenecientes al organismo" valiéndose, por ejemplo, de "documentación duplicada que fue utilizada para respaldar erogaciones al mismo tiempo en 42 casos".

"El auto de procesamiento de que se trata satisface los recaudos formales aplicables, sin que existan vicios u omisiones esenciales", dijeron los camaristas, quienes estimaron que "se encuentra probado en autos ... tanto la materialidad de los hechos investigados como la responsabilidad que en ellos habrían tenido los encartados".

El faltante de los fondos de la Tesorería del Senado "no puede atribuirse a un error o a la posible pérdida de algún comprobante", estimaron los magistrados, quienes descartaron los argumentos defensistas de ambos imputados en el sentido de que habrían sido objeto de "pretendidas represalias".

Para aumentar el monto del embargo los jueces tuvieron en cuenta que "tiene como fin garantizar en medida suficiente la eventual pena pecuniaria y la efectividad de las responsabilidades civiles emergentes".