La iniciativa, presentada al Ejecutivo por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, canceló asimismo la "obediencia a los mandos" -generalmente aplicada por subalternos para que no les recayera la responsabilidad por haber cometido delitos de lesa humanidad- al determinar ahora que los subordinados no están obligados a acatar órdenes ilegales.

A partir de la puesta en marcha del decreto, oficiales o subalternos deberán responder, requeridos por el ministerio de Defensa o Ejecutivo, sobre el destino de los desaparecidos, estimados en más de 200 por organismos de derechos humanos.

Se espera además que la medida tenga consecuencias sobre la Justicia, en los casos donde se investiga el destino de los militantes de izquierda secuestrados y desaparecidos durante la dictadura.

La decisión coincide con reclamos de organizaciones humanitarias que solicitan al gobierno de Tabaré Vázquez que redoble sus exigencias sobre los militares a fin de conocer la verdad sobre los desaparecidos.

El decreto, sin embargo, no obliga a los militares a decir lo que supuestamente saben sino que les quita la protección a la que suelen apelar cuando son requeridos por Defensa o Presidencia.