La medida fue anunciada por la vicepresidenta primera del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, durante una conferencia de prensa realizada en Madrid.

La decisión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se produce después de que la semana pasada las autoridades de México autorizaran a España a "reextraditar" a Cavallo a la Argentina.

Cavallo, procesado por el juez español de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se encuentra en prisión en Madrid desde que el 29 de junio de 2003 fuera extraditado por México.

El ex marino había sido detenido en agosto de 2000 en México, tras ser reconocido por varios supervivientes de centros clandestinos de detención que funcionario en la Argentina durante la dictadura.

Este capitán de corbeta, conocido como "Serpico" y "Marcelo", vivió en México, donde ocupó el cargo director general del Registro Nacional de Vehículos de ese país.

Cavallo fue compañero de Alfredo Astiz e integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, uno de los mayores centros clandestinos de detención.

Se le atribuyen la ejecución de Mónica Jaúregui y Elba Delia Aldaya, así como 264 desapariciones, 159 secuestros, un delito de falsificación de documentos, robos de automóviles y saqueo de viviendas.

Por su parte, el abogado Carlos Slepoy, quien ejerció como acusación popular en el proceso abierto contra el represor Ricardo Cavallo en España, afirmó hoy que la decisión del gobierno español de conceder la extradición del ex capitán de corbeta a Argentina "no es definitiva".

"El gobierno español deja abierta la posibilidad, a decisión de la justicia española, de que Cavallo sea juzgado en España antes de ser entregado a Argentina", dijo Slepoy.

Por lo tanto, la decisión de conceder la extradición a Argentina "no es definitiva", agregó.

Además, el abogado -quien ejerce la acusación popular en nombre de la Comisión de Solidaridad con las Familias de desaparecidos y muertos en Argentina (COSOFAN)- explicó que "hay una decisión del Tribunal Supremo español que desautorizó la extradición de Cavallo", porque el pedido de extradición de Argentina era "una aberración jurídica".

El letrado se refirió en estos términos a la decisión del 20 de diciembre de 2006 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que preside el juez Alfonso Guevara, quien se declaró "incompetente" en el caso Cavallo y declinó su jurisdicción a favor de la justicia argentina.

Paralelamente, en una decisión no ajustada a derecho, según puso de manifiesto el Supremo en su sentencia del 7 de julio de 2007, la misma Sala Tercera solicitó a las autoridades argentinas que pidieran la extradición de Cavallo, proceso que ahora sigue en marcha.

Según Slepoy, Cavallo "pidió desesperadamente que lo entreguen a la Argentina, y si es extraditado se cumpliría su deseo".

"Hay que preguntarse por qué. Cavallo estuvo preso durante 7 años y medio. El espera estar en una cárcel de privilegio, en la situación que estaba (el represor) Febres", añadió el letrado en referencia al ex prefecto que fue encontrado muerto en diciembre en circunstancias que aún se investigan.