Desde Teherán, donde se encuentra en viaje oficial, Morales criticó a la CNE, señalando que tomó su decisión "subordinándose a la derecha neoliberal".

"Es perjudicar el proceso de cambio y perjudicar la administración del Estado que busca igualdad entre los bolivianos y bolivianas", dijo el mandatario a la agencia boliviana ABI.

"Hemos recibido con sorpresa (la decisión) y hemos establecido que no tiene efectos jurídicos y no tiene efecto vinculante", afirmó el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, principal asesor jurídico del presidente.

"Las elecciones no pueden paralizarse, la Corte Nacional Electoral no puede suspender los referendos y está obligada a continuar administrando el proceso", añadió.

El influyente ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el gobierno insistirá "por la vía legal y legítima para su realización".

La semana pasada, Morales decretó sendos referendos para aprobar la nueva Carta Magna y para decidir la extensión máxima de las propiedades privadas (entre 5.000 y 10.000 hectáreas). Asimismo decretó elecciones para autoridades regionales que fiscalizarán a los prefectos, varios de ellos convertidos en los principales opositores al mandatario.

El lunes la CNE frenó por razones legales los referendos convocados por Morales.

"Se requiere una convocatoria por parte del Congreso Nacional mediante una ley de la República" para realizar los plebiscitos, puntualizó José Luis Exeni, presidente del organismo electoral boliviano.

"Mientras existan estos impedimentos de orden legal no vamos a poder administrar estos procesos" electorales, agregó Exeni al difundir el lunes la resolución de sala plena que respalda esa determinación.

El decreto del mandatario fue criticado por los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca que anunciaron una "resistencia civil" en sus territorios a esos referendos.

Entre las medidas que se barajan está impedir que el referendo se realice en esos territorios, que generan 50% del PIB boliviano y donde vive 30% de la población.

La Carta Magna que el gobierno quiere refrendar fue aprobada en diciembre de 2007 por la mayoría oficialista de la Asamblea Constituyente sin la presencia de la oposición y en condiciones consideradas irregulares por los detractores del gobierno.

Ese clima de posiciones irreconciliables aleja cada vez más un escenario de diálogo, que tanto Morales como los prefectos de las cinco regiones dicen querer.

Este martes los cinco prefectos opositores tienen prevista en la noche una reunión en Santa Cruz para determinar los pasos a seguir frente al gobierno.

El gobierno, mientras tanto, ordenó protección militar a oficinas públicas y campos petroleros en Santa Cruz y Tarija, ante la amenaza de líderes cívicos de tomar esas instalaciones.

Los militares resguardaban varias oficinas públicas en Santa Cruz, entre ellas las de la estatal telefónica Entel que el pasado viernes fue violentamente atacada por una turba no identificada, tras enfrentamientos entre oficialistas y opositores, mostró la televisora privada ATB.

En el departamento de Tarija, principal reservorio de gas natural, los militares resguardaban oficinas públicas, como la estatal petrolera boliviana YPFB, Entel, la Aduana y los principales campos petroleros.

Para el analista político Carlos Cordero -citado por el diario El Deber- "sólo una cosa es segura: si el Gobierno no cambia su posición y los prefectos no reorientan su estrategia para alcanzar un acuerdo en paz, no habrá otra salida que la confrontación entre bolivianos".