Así lo hizo saber el Centro de Información Judicial (CIJ) que explicó que la requisitoria "apunta a contar con un cuadro de situación pormenorizado respecto del mapa de causas judiciales que tramitan en el fuero criminal en todo el país, a fin de acelerar el trámite de aquellos expedientes donde se investigan violaciones a los derechos humanos".

El CIJ recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó en el mes de diciembre último una Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, a cargo de José Luis Mandalunis, para monitorear las causas que involucran violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.

Entre las funciones asignadas a esa dependencia "están la de requerir informes a los magistrados sobre la evolución de los procesos; exhortar a los jueces a acelerar las causas y al Consejo de la Magistratura a tomar medidas para dotar de recursos humanos y materiales a los tribunales que intervienen en estos casos".

Días atrás la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento para causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, que funciona en el ámbito de la Procuración General de la Nación, reclamó la "reasignación de causas" que tiene en trámite el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).

En un escrito presentado ante la camarista Liliana Catucci, titular de la Cámara de Casación, los fiscales Jorge Auat y Pablo Parenti, jefe y coordinador de la unidad fiscal, junto a Alejandro Alagia, que actúa en la fiscalía que prepara el juicio, aseguraron que los inconvenientes "son de orden administrativo-judicial".

Actualmente el TOF 5 está realizando un juicio oral al represor Carlos Olivera Róvere, que fue subjefe del Primer Cuerpo, y según el cronograma previsto, en agosto o septiembre empezaría con el más emblemático de todos los juicios, el de la ESMA, que ocuparía casi todo el año 2010.

Esta congestión de megacausas en el TOF5 postergaría, nuevamente, otros juicios del Primer Cuerpo de Ejército como el de los centros clandestinos de detención Atlético, Banco-Olimpo, Vesubio, Hospital Posadas y La Pampa, entre otros.

En su presentación, la Unidad Fiscal solicitó concretamente que se aplique el mecanismo previsto en el artículo 9 de la ley 26.371 que faculta a la Cámara de Casación a llevar a cabo una integración de los tribunales con el objetivo de lograr una distribución racional de recursos.

"Los obstáculos más graves, como las leyes de obediencia debida y punto final fueron superados", dice el documento remitido a la Cámara de Casación en el que advierten que el actual cuello de botella en las causas pendientes de juzgamiento en el área metropolitana "responde más razones de orden administrativo-judicial que de naturaleza jurídica".