Por su parte, la presidenta Cristina Kirchner tiene para resolver cuatro ternas para designar a seis jueces titulares en otros tribunales orales federales.

En los últimos días, los jueces de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay y Carlos Fayt reclamaron por la falta de presupuesto y de jueces para avanzar en el juzgamiento de las causas de derechos humanos, y desde el Gobierno la Presidenta y funciones y diputados del oficialismo negaron la falta de cobertura de vacantes y volvieron a pedirle a la Justicia, en términos duros, celeridad para avanzar en los juicios.

La Presidenta dijo ayer que la Justicia comete "errores y horrores" y le pidió a la Corte Suprema que "cumpla su rol" en respuesta a los reclamos del máximo tribunal.

Entre las ternas que la mandataria debe resolver, la más antigua es del 13 de junio del año pasado cuando el Consejo le propuso cuatro candidatos para cubrir un cargo vacante en el TOF 1 de Mendoza.

Las otras tres ternas de jueces son del 17 de julio, el 21 de agosto y el 11 de diciembre - todas del 2008 - y corresponden al TOF 1 de esta ciudad, al 2 de Córdoba, y al único que hay en la provincia de San Juan, respectivamente.

Los cargos que están vacantes - y ocupados por jueces suplentes - en el tribunal de la ciudad de Buenos Aires y en el de Córdoba, son dos. La Presidenta debe elegir uno de los candidatos entre todos los que les remitió el Consejo para cada tribunal y proponerle al Senado su aprobación.

Desde que asumió, Cristina Kirchner nombró en 94 jueces - todos el año pasado - de los cuales ocho correspondieron a TOF, entre ellos los tres de Santa Cruz pero que todavía no entraron en funciones porque el tribunal no fue habilitado.

Por su parte, el Consejo tramita dos concursos para cubrir siete vacantes en tribunales orales que son estratégicos en las causas por los derechos humanos.

Uno de ellos es el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 - donde hay una vacante - que está juzgando al general retirado Jorge Olivera Rovere y tiene a su cargo la megacausas ESMA y Primer Cuerpo del Ejército, que todavía no tienen fecha de inicio, pero se especula que la primera sea a mediados de año. El resto de las vacantes en tribunales porteños son dos cargos en el TOF 2 y uno en el 4.

También hay un concurso en trámite para cubrir tres cargos en la misma cantidad de tribunales orales de la localidad de San Martín. En esa jurisdicción, entre otros casos, se investigan crímenes cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército y por el ex comisario e intendente de Escobar Luis Patti.

Además, el Consejo tiene abiertos otros seis procesos para ochos cargos de jueces titulares sin cubrir en los TOF de Neuquén, Jujuy, Corrientes, La Pampa, Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y Santa Fe.

Todos estos concursos están en etapas de resolución de las impugnaciones a los exámenes de los postulantes o a la espera de integrar el jurado que tendrá a cargo la corrección de los tests.

Los tribunales orales quedaron en el foco de la discusión por las demoras en la tramitación de los procesos de derechos humanos ya que allí se realizan los juicios.

La Procuración General de la Nación le pidió la semana pasada a la Cámara Nacional de Casación Penal que reasigne a otros tribunales algunos de los juicios que el TOF 5 tiene pendientes para que no se demoren su inicio.

Casación le pidió a todos los tribunales del país que informen la cantidad de causas a su cargo y cuáles de ellas son por delitos de lesa humanidad con la idea de analizar opciones para agilizar los procesos.

Por su parte, la Corte Suprema invitó a los otros dos poderes del Estado y al Consejo a integrar una Comisión Interpoderes para buscar mecanismos que contribuyen a avanzar en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.