• SUBNOTA
Integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú rechazaron la decisión del gobierno nacional de constituirse como querellante en la causa contra las personas que permanecen desde hace más de tres años interrumpiendo el tránsito en el puente internacional San Martín. "Acá se buscó encapsular el conflicto y no resolverlo", consideró una de las asambleístas. "El Gobierno judicializa la protesta", apuntó otra.
No me interesan las denuncias penales, porque yo defiendo la vida", sentenció el vecino de Gualeguaychú Juan Carlos Barrios tras escuchar el anuncio del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en el explicó que el Gobierno nacional denunciará penal y civilmente a aquellos que participen del corte al puente y se presentará como querellante en la causa.
Por su parte, el asambleísta Juan Veronese, señaló que el sostenimiento del corte de Arroyo Verde "es un problema contra Botnia, no contra Uruguay" y agregó que el vecino país "violó un tratado". En la misma línea opinó otra activista, Paola Robles, que argumentó que "Botnia es ilegal, pero acá lo que se buscó fue encapsular el conflicto y no resolverlo".
Barrios refirió además que el corte de ruta internacional 136 "es una circunstancia ante una hecho consumado", al tiempo que aseguró que la medida de protesta contra la instalación de la pastera UPM ex Botnia "se va a mantener hasta tanto la asamblea determine lo contrario".
En tanto, la asambleísta Maria Elena Marchioli, sostuvo que "Uruguay violó un tratado, por lo tanto de la ruta no nos vamos a ir".
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