› CON LA VISTA EN LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE • SUBNOTA
El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, le reclamó al Congreso que apruebe el proyecto que beneficiaría a 11 millones de inmigrantes, pero no anunció ni una iniciativa nueva ni una fecha concreta para impulsar un cambio en un proyecto estancado desde hace años, argumentando que le falta apoyo republicano. "La reforma no puede pasar sin los votos republicanos, esa es la realidad política y matemática", sostuvo en su primer discurso dedicado exclusivamente en la inmigración.
"El sistema migratorio está roto y todo el mundo lo sabe", aseguró en su conferencia en la American University de Washington. "Lamentablemente, la reforma ha sido mantenida como rehén de poses políticas, disputas por intereses especiales y de la convicción dominante de que afrontar una cuestión tan espinosa y emocional es intrínsecamente una mala política", criticó.
Según denunció, muchos de los senadores que antes apoyaban una reforma migratoria ahora "se han echado atrás", acosados por "presiones partidistas" y la política en un "año de elecciones", en referencia a los comicios de medio término de noviembre en los que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
En este sentido, advirtió que en caso de no lograr una reforma a nivel nacional más estados decidirán "tomar las riendas" y aprobar leyes propias tan "controvertidas" como la de Arizona, una normativa que calificó de "mala idea". Obama alertó que esas leyes regionales acabarán "violando los derechos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales", quienes "podrían ser detenidos o interrogados simplemente por su aspecto o por cómo hablan". Además, continuó, en caso de que más estados decidan seguir ese camino, Estados Unidos afrontará la posibilidad de que "se apliquen reglas diferentes para la inmigración en diferentes partes del país", algo que calificó como un "parche de reglas migratorias locales cuando todos sabemos que lo que se necesita es un estándar nacional claro".
Sin embargo, tampoco en este aspecto reveló qué va a pasar con la controvertida ley de Arizona, que según la Casa Blanca sigue siendo "analizada" por el Departamento de Justicia para determinar si será apelada en los tribunales, una posibilidad que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, había dado por hecho aunque después fue desmentida por otros altos funcionarios.
El discurso de Obama sobre la inmigración constituye el punto culminante de varios encuentros mantenidos esta semana por el mandatario tanto con grupos pro-reforma migratoria como con el caucus hispano, el bloque de congresistas de origen latinoamericano en el Capitolio.
Muchos analistas políticos atribuyen este renovado interés en una cuestión que lleva meses renqueando a las elecciones de noviembre, consciente la Casa Blanca del potencial voto de la comunidad hispana, ya la primera minoría del país.
"Podemos hacer responsables a los políticos en esta materia y lo vamos a hacer", advirtió tras el discurso presidencial Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, la mayor organización latina de derechos civiles del país. "Habrá consecuencias políticas para aquellos que bloqueen la reforma o simplemente se queden a un lado", advirtió.
Al igual que los representantes de otras organizaciones civiles que luchan por la reforma migratoria, Murguía saludó calurosamente el discurso de Obama que, afirmó, ha "elevado" el debate de esta cuestión. "Las palabras son estupendas y las suyas fueron excelentes (...) pero en última instancia las palabras no harán el trabajo, lo que lo logrará es un compromiso para realizar acciones que apuren la reforma y que el presidente, personalmente, use todas las herramientas que tiene para hacerlo", solicitó la directora de la organización Fe y Justicia de Nueva York, Lisa Sharon Harper. Junto con otros líderes religiosos de diversas confesiones, Harper entregó en la Casa Blanca una carta abierta en la que más de 600 miembros de diferentes religiones solicitan a Obama que convoque a una "cumbre bipartidista" para discutir la política migratoria, un asunto, subrayaron, "prioritario" en los próximos meses.
Tras reconocer que la cuestión migratoria ha sido fuente en los últimos tiempos de una "nueva controversia" en el país, Obama defendió una vez más una reforma que sea "dura pero justa" con los alrededor de 11 millones de indocumentados en el país, a los que, reiteró, se les exigirá que paguen los impuestos atrasados y una multa, además de que aprendan inglés como condición para poder regularizar su estatus.
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