La aprobación de la iniciativa oficial en San Juan se produjo horas antes de que la Cámara de Diputados de la Nación inicie el tratamiento de una nueva norma unificada para la preservación de los glaciares ante el avance de industrias mineras o hidrocarburíferas sobre esas masas de hielo.

La norma aprobada en San Juan prohíbe "la destrucción o el traslado de los glaciares incluidos dentro del Inventario Provincial de Glaciares", que también creó la ley sancionada.

En lo referido al tipo de actividades permitidas o no en zona de glaciares, la ley es genérica y todo queda sujeto, como lo especifica uno de sus artículos, al "procedimiento de evaluación de impacto ambiental, conforme a la normativa vigente".

También esta ley creó el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares integrado por distintas áreas de gobierno, incluidas las de Minería y Medio Ambiente y una representación de la Función Legislativa a través de diputados de cada una de las fuerzas políticas que integran la Cámara.

La iniciativa fue votada por unanimidad por la Legislatura, integrada por la mayoría justicialista y un par de senadores del Frente para el Cambio, una línea escindida del PJ.

El principal fundamento para el surgimiento de estas leyes provinciales, acordadas por los gobierno de provincias andinas, es que el artículo 124 de la Constitución Nacional consigna que "todos los Recursos Naturales incluidos los glaciares son del dominio de aquella provincia en cuyo territorio se encuentren".

En lo referido al inventario de glaciares, la tarea está avanzada, puesto que la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional presentó ayer el resultado de un relevamiento preliminar de glaciares superficiales.

El informe señaló que San Juan tiene más de "30.000 hectáreas de glaciares superficiales -masas de hielo visibles-, distribuidos en unos 1227 glaciares descubiertos superiores a una hectárea, aunque se identificaron 1780 cuerpos de hielo descubierto".