"Queremos que se conforme una comisión investigadora, no reemplazando la tarea de la Justicia, sino para analizar la responsabilidad política", anunció Basteiro, primer orador en la sesión especial en la que los legisladores porteños debatían los pasos a seguir del cuerpo legislativo porteño en torno a la causa por escuchas ilegales en la que Macri está procesado.

Previo a la sesión, el espacio que Basteiro comparte junto con el vicepresidente segundo de la Legislatura, Julio Raffo, y los legisladores Delia Bisutti, Jorge Selser, Rafael Gentile y Adrián Camps, realizó una conferencia de prensa en la que fijaron la posición política de Proyecto Sur.

"La ciudad no se merece ser gobernada por el responsable primario de esta crisis institucional; Macri no está en condiciones para desarrollar su tarea e incluso podría interferir en el desarrollo de la investigación judicial", afirmó Basteiro.

Además, Raffo puntualizó que los camaristas que confirmaron el procesamiento de Macri "dan como probado el armado de una red de espionaje en el ámbito de la Policía Metropolitana, con el concurso del "Fino" Palacios y de Ciro James". Por eso, Basteiro se mostró a favor de constituir una comisión investigadora para "analizar la responsabilidad institucional" del jefe de gobierno porteño y para "profundizar el rol político de la Legislatura".

"Esos hechos, sean o no delictivos, pueden configurar mal desempeño, según el artículo 92 de la Constitución" porteña, agregó Raffo, quien además ratificó la intención de la oposición de solicitar el expediente al Poder Judicial para que todos los legisladores puedan examinar la causa. Advirtió que Macri "fue procesado por graves delitos dolosos, vinculados al ejercicio de sus funciones y con riesgo de ir diecinueve años a la cárcel".

Proyecto Sur exigió que Macri "dé la cara ante la Legislatura" y si bien aclaró que no está en su objetivo crear un "clima destituyente", no descartó que en el futuro se realice un juicio político contra el jefe de gobierno porque constituye "un instrumento" previsto en las normas porteñas. Basteiro y Raffo definieron como "disparates jurídicos" los planteos defensivos de Macfri y calificaron como una "maniobra de muy bajo nivel" el cuestionamiento del gobierno porteño a los jueces, quienes, a su entender, firmaron un fallo "ajustado a derecho".