La denuncia, remitida desde Capital Federal tras declararse incompetente el juez porteño Daniel Rafecas, será tramitada por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura.

Corazza, titular del juzgado federal 3, tiene a su cargo las causas por delitos de lesa humanidad agrupadas en lo que se conoció como "circuito Camps" en territorio bonaerense. Los integrantes de la familia Graiver, secuestrados en la dictadura, estuvieron en centros clandestinos de detención ubicados en la localidad bonaerense de Quilmes, que corresponde a esa jurisdicción. La fiscalía debe dictaminar si la nueva denuncia es competencia de ese juzgado.

La denuncia fue presentada ante la Cámara Federal porteña por el juez civil y comercial 2 Eduardo Malde, quien interviene en el conflicto de Papel Prensa. Malde había enviado un veedor judicial y extrajo testimonios de los dichos de la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo y su ex testaferro Rafael Ianover, en una de las asambleas. Ambos se refirieron a secuestros ilegales, torturas y amenazas para presionarlos a ceder las acciones en venta a Clarín, La Nación y La Razón.

Malde extrajo los testimonios ante la comisión de un posible delito y formuló la denuncia, que quedó sorteada en el juzgado de Rafecas. En el dictamen donde se declaró incompetente, Rafecas adelantó que se puede estar ante un "delito de lesa humanidad", imprescriptible. La Cámara Federal porteña dio por confirmada la decisión del juez de enviar todas las actuaciones a La Plata debido a que el fiscal ante esa instancia, Germán Moldes, no apeló.