Las organización Todos por la Tierra señaló que la medida fue ordenada por la jueza Mónica Graciela Faber a cargo del Juzgado Correccional y de Garantías de 8, "sin tener en cuenta que las familias mencionadas viven en ese territorio desde siempre desconociendo toda la normativa nacional e internacional que asisten a los Pueblos Indígenas". Particularmente, la ley 26.160 prorrogada por la ley 26.554 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que prohíbe durante el término de la ley los desalojos a comunidades indígenas.