"Ayer fue un día muy angustioso porque los trabajadores volvían a sus casas como fueron. Los castigan y tienen la incertidumbre de no saber si los culpables de esto son los empresarios, los que descubrieron los campos de trabajo esclavo o, ellos mismos, por haberse atrevido a denunciar", dijo a desde Santiago del Estero el sociólogo Reinaldo Ledesma, integrante de la organización.

Y propuso que el gobierno nacional "haga un censo para saber quiénes son y dónde están estos compañeros que son devueltos a sus casas sin el único ingreso monetario".

El sociólogo detalló que los empresarios agrícolas tienen como "propósito hacer desaparecer toda huella de explotación laboral y para eso desmantelan casillas y reenvian a la gente desde campos del sur de la provincia de Santa Fe donde creen que podría haber inspecciones".

También dijo que la maniobra empresarial deriva además en "tensiones y conflictos entre trabajadores porque las empresas les dan a entender que esto pasa porque otros, en Villa Atamisqui, se atrevieron a denunciar las formas inhumanas de explotación a que son sometidos".

Por otra parte, Ledesma acusó al intendente de Loreto, Carlos Gregori de ser "el principal reclutador de la mano de obra en estas condiciones" en connivencia con funcionarios provinciales.

"La extrema pobreza y la ausencia de posibilidades en sus lugares de origen es tan grave como la explotación en los lugares de destino de estos trabajadores. Ambas situaciones tienen responsables y son las dos caras de una misma moneda", añadió.

"Ahora es necesaria la intervención del Estado nacional: estos trabajadores deben ser censados en sus lugares de origen y recibir un ingreso que les permita la subsistencia del grupo familiar mientras se avanza en la resolución de las causas estructurales de la explotación", concluyó.