Los comuneros presentaron ante el INADI salteño, una denuncia por discriminación contra la presidenta de la comisión municipal, María Flores, ya que "dice que no tenemos personería jurídica y que no somos una comunidad indígena. Eso tiene graves implicancias porque de esa manera desconocen la ley 26.160 que impide desalojos. Eso es discriminación", afirmó el referente de la asamblea en los Valles Calchaquíes, Ambrosio Casimiro.

El pasado 17 de diciembre, por una orden judicial, considerada "violatoria" de sus derechos por los indígenas, cinco familias fueron desalojadas del predio que ocupaban a 17 kilometros de Cachi, ubicada a 2800 metros sobre el nivel del mar, destruídas sus viviendas y los sembrados con los que contaban para el consumo familiar.

Según explicó Casimiro, el abogado de la comunidad, Gustavo Miranda, tras recusar a la jueza que ordenó el desalojo, Mónica Faber, llevó el caso a la Ciudad Judicial en Salta capital.

Añadió que la comunidad Las Pailas reclama "20 mil hectáreas, entre montañas, apachetas, corrales, aguadas, cerros sagrados" y que actualmente y pese al desconocimiento de las autoridades judiciales que ordenaron el desalojo "está en curso el relevamiento territorial con funcionarios de la nación" en referencia al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En tanto, desde el INADI delegación Salta, concluían las averiguaciones sobre "lo actuado por la justicia, la policía y otros actores para determinar su hubo discriminación, pero todo tiene tiempos y hay que estudiarlo", dijo a Télam una fuente de ese organismo.

Hasta Cachi, 157 kilometros al sudeste de la capital salteña, llegaron ambientalistas y organizaciones indígenas para solidarizarse con la comunidad Las Pailas.