Los operativos de control fueron hechos por inspectores del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos, quienes detectaron que la mayoría de los peones trabajaban en negro. Las denuncias involucran al contratista Jorge Biscontín, y a las empresas "Bachiocchi Hnos.SRL" y "Gispe", propiedad de José Spitalieri, presidente de la Asociación de Empresarios de Ajo de Mendoza, según constató el fiscal Fernando Álvarez.

El abogado Pablo Salinas, quien integra una de las querellas que impulsa los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en la provincia, confirmó que "la Justicia está investigando las denuncias presentadas por el Ministerio de Gobierno local, que al pasar de la órbita provincial a la federal, el delito podría tipificarse como "trata de personas". El abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos aseguró que tanto el juez federal Walter Bento, como los fiscales Dante Vega y Alejandra Obregón avanzan en las investigaciones".

También recordó que "la primera denuncia sobre la situación en Mendoza lo hizo la Fundación Alameda", con su patrocinio y del abogado Rodolfo Yanzón, a las que siguieron las denuncias e inspecciones del gobierno local y del defensor de Derechos Humanos en Tunuyán, Ricardo Nasiff".