En el marco de esta causa, el magistrado ya indagó, también como imputado, al ex ministro de Espacio Público porteño, Juan Pablo Piccardo, a quienes se le imputa "lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La ausencia de Macri a la audiencia anterior había sido preanunciada por sus voceros, quienes esa misma mañana difundieron un comunicado en el que consignaban que el jefe de gobierno tenía prevista a las 11.45 una actividad en la localidad bonaerense de San Martín.

El argumento utilizado por el Jefe de Gobierno para no concurrir a los tribunales fue criticado por una víctima del accionar de la UCEP, Graciela Cisneros, quien presentó un escrito ante el juez Cubas en el que llegaba a pedir el desafuero y la detención de Macri.

La mujer fue golpeada el 1 de octubre de 2010 cuando dormía en la calle Pasco, entre las de Constitución y Cochabamba, en el barrio de San Cristóbal; y sostuvo que los motivos aducidos por Macri "en realidad eran actos de campaña política, que lejos se encuentran de ser ineludibles".

La causa iniciada, en 2008, por denuncia de la legisladora porteña Liliana Parada, el juez Cubas, con la intervención del fiscal Marcelo Romá investiga una veintena de presuntos delitos cometidos entre julio de 2008 y octubre de 2009.

Para solicitar las indagatorias, el representante del Ministerio Público se basó en testimonios y videos donde se observa que personal de la UCEP golpean, insultaban y desalojaban de la vía pública a indigentes que permanecían en situación de calle.

La UCEP fue creada por decreto en 2008 para "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión" e "intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público". Y disuelta tras las denuncias.