El documento publicado por la agencia Télam destaca que el conflico desatado se debe a “la carencia de viviendas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, algo que “no sería susceptible de ser resuelto al margen de políticas sociales que lo focalicen y le den adecuado tratamiento”. Por lo tanto, para resolver ese cuadro de situación “resultan inadecuadas soluciones que como el uso de la fuerza en un desalojo prevé el ordenamiento para supuestos de otras características”.

“Desalojar a familias indefensas y necesitadas de vivienda, para permitir el asentamiento de otras en similares condiciones, no parece ser una solución razonable ni sustentable”, sostiene el texto firmado por el director de Asuntos Jurídicos de la cartera de Seguridad, Esteban J. Rosa Alves.

El eje de la argumentación gira en torno de que las fuerzas de seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad “no deben, como principio, realizar tareas propias de la Policía Metropolitana en su condición de órgano auxiliar de la Justicia local, en aquellas cuestiones que remiten a delitos cuya investigación y juzgamiento han sido transferidos desde la órbita nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires”.

El fundamento, aclara que las jurisdicciones debieran respetarse “sin perjuicio de la cooperación con la fuerza policial local que pueda llevar a cabo la Policía Federal Argentina en oportunidad de la concreción del allanamiento y desalojo dispuestos”.

Además, el documento pidió a Armella “reconsiderar la aplicación de sanciones procesales pecuniarias a funcionarios del Ministerio de Seguridad, cuando de lo que se trata es de una responsabilidad primaria de la fuerza policial local, que no ha invocado ni acreditado en las actuaciones la falta de colaboración de las fuerzas policiales o de seguridad de la Nación”. La reconsideración tiene que ver la multa que el magistrado quilmeño aplicó contra la secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, a quien instó a pagar 500 pesos diarios por no ejecutar la orden.

La medida de amparo frenó el desalojo inmediato que había dictado el Juzgado Federal de Quilmes, bajo cuya órbita está el cumplimiento del saneamiento del Riachuelo y la relocalización de quienes viven a su vera.