El tribunal envió copia del expediente a la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura para acumular en el trámite de destitución ya iniciado. Otilio Romano está imputado por varios hechos de torturas, homicidio y privación ilegítima de la libertad en la década de 1970 cuando se desempeñaba como fiscal en el tribunal que subrogaba Miret, ya destituido.

Pese a la gravedad de los cargos, por los que podría ser condenado hasta a prisión perpetua, sigue en ejercicio de sus funciones como vicepresidente de la Sala A de la cámara.

El procesamiento había sido dictado por el juez federal Walter Bento, al que la defensa de Romano acusó de "enemistad manifiesta", pese a lo cual el Consejo de la Magistratura de la Nación ya inició un expediente para su destitución.

En el país hay casi medio centenar de funcionarios judiciales imputados por complicidad con delitos de lesa humanidad y sólo en Mendoza hay cuatro ex jueces, tres ex fiscales y el camarista ahora procesado.