Los familiares de desaparecidos en la última dictadura uruguaya (1973-1985) criticaron la vigencia de la ley que impide el juzgamiento de quienes cometieron asesinatos y torturas durante ese período y enfatizaron que "no apuntamos a una u otra solución jurídica, decimos que es un tema de voluntad política de los diferentes poderes del Estado encontrar una solución al tema de la verdad, que tiene que ser encarado con una investigación seria y responsable del Poder Ejecutivo", según Errandonea.

"Con ley o sin ley se puede investigar y no se ha hecho. A santo de qué nuestros familiares siguen estando desaparecidos, ¿por qué la institución militar no abre sus archivos? Eso lo venimos diciendo desde hace muchísimos años", criticó.