Koelman anticipó que "el examen de la demanda durará varias semanas" para saber si inician el proceso al ex presidente de la Sociedad Rural y ex presidente de la Cámara de la Industria Azucarera, de 83 años, quien se encontraría viviendo regularmente en Holanda y por ello los familiares de la víctima radicaron una denuncia penal en ese país.

La denuncia fue hecha por la familia del médico Samuel Leonardo Slutzky, de 41 años, coordinador de las Unidades Sanitarias de la Municipalidad de La Plata y secuestrado en su casa a la noche del 21 de junio de 1977 por una "patota" de quince personas vestidas de civil.

Casado y con dos hijos, Slutzky había trabajado en leprosarios y militó en el peronismo revolucionario durante la década de 1960, incluso participó en 1968 como auxilio sanitario del foco de guerrilla peronista "Taco Ralo", en la provincia de Tucumán, por lo cual estuvo preso de 1968 a 1973.

En 1977, la revista "Somos" divulgó su nombre en un artículo sobre "Taco Ralo" y poco días después fue secuestrado, aunque en ese momento no tenía militancia política y sólo se dedicaba a su tarea profesional, según los familiares y organismos de Derechos Humanos.

Los sobrevivientes del campo de concentración "La Cacha", Silvia Bucci y Héctor Javier Quintero relataron que Slutzky estuvo prisionero allí y no sobrevivió a los tormentos a los que fue sometido por los torturadores identificados por los apodos de "El Oso", un agente penitenciario, y "El Pelado".

El abogado holandés Goran Sluiter, representante de la familia Slutzky, declaró a la prensa en Holanda que Zorreguieta "estaba al tanto de todos esos crímenes, pero pese a ello siguió aportando una contribución política al régimen" y "tampoco abrió ninguna investigación en su ministerio".

Ya en 2001 la justicia holandesa rehusó encausar a Zorreguieta por los mismos hechos, estimándose incompetente para juzgarlos, pero según Sluiter una reciente modificación de la ley penal haría posible tal proceso judicial. "Para crímenes graves como los señalados aquí, el lugar donde fueron cometidos o la nacionalidad del autor no tienen importancia: si el autor se encuentra en el territorio de un país, ese país" puede juzgarlo, sostuvo.

En 2002, la Casa Real de Holanda, haciéndose eco de la opinión de la clase política del país, impidió a Zorreguieta asistir a la boda de su hija con el príncipe heredero Guillermo de Orange.

En 2005, Zorreguieta fue denunciado en la Justicia federal por el secuestro y desaparición de la biológa Marta Sierra, una empleada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dependía de la Secretaría de Agricultura y Ganadería conducida por el padre de la Princesa.

Pero la Justicia federal desestimó imputarlo por considerar que Zorreguieta no tuvo responsabilidad en ese hecho, que se produjo el 30 de marzo de 1976 cuando él aún no había asumido como Subsecretario de Agricultura y Ganadería, cargo que ocupó al mes siguiente.