Durante la reunión de comisión, el ministro de Justicia destacó sobre la ley Antiterrorista que la Presidenta "ha querido dejar en claro que esta legislación no debe ser para criminalizar la protesta social" y enfatizó que el proyecto lo establece explícitamente en su articulado. En ese sentido, el radicalismo decidió firmar dictámenes en minoría, pero facilitaría su tratamiento esta semana en el recinto.

Además de Alak, expusieron sobre los proyectos el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

Las dos iniciativas apuntan a profundizará la penalización contra el lavado de dinero y son reclamados a la Argentina por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y buscan incorporar al Código Penal como delitos aquellas acciones que afecten el orden económico y financiero y castigar "las actividades delictivas con finalidad terrorista".

Respecto al texto sobre antiterrorismo, duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal a quienes "directa o indirectamente" financien el terrorismo y actividades afines. El artículo 41 del proyecto del PEN es que genera mayor discusión. El senador radical Mario Cimadevilla manifestó las reservas del bloque de la UCR al considerar que "es un exceso" el agravamiento de los tipos penales que propone.

Alak remarcó que la legislación se ajusta a los estándares internacionales y destacó que el gobierno argentino optó por incorporar nuevas figuras al Código Penal y no crear una ley especial como hicieron otros países, lo cual explicó que hubiera aumentando la preocupación de los organismos sociales y de derechos humanos.

Antes de que el proyecto fuera votada en la Cámara baja, el CELS emitió un comunicado en el que advirtió que la legislación antiterrorista utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que “hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.

En el texto referido a la temática bursátil crea cinco nuevos delitos: el uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa; la captación fraudulenta de ahorros públicos; el cohecho financiero; la manipulación de valores negociables y la captación de ahorros.

En cuanto al proyecto de Ley Penal Tributaria, el texto que apoyó el oficialismo es el mismo que aprobó la Cámara de Diputados, según el cual se actualizan los montos a considerar evasión, en la práctica los lleva a valor dólar, aumenta las penas para ese tipo de delito e incorpora la penalización de "las personas jurídicas".

Por otra parte, agrava las penas para los casos de utilización de facturas falsas, no permite la suspensión del juicio a prueba, crea la figura de adulteración informática y castiga también la evasión a nivel provincial y municipal.