El Cels remarcó que "algunos de los proyectos en análisis representan un claro avance en cuestiones demoradas o importantes para la igualdad de oportunidades y para la transparencia del funcionamiento judicial", y en ese sentido destacó "que se promueva un acceso igualitario al Poder Judicial, que se avance en el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, así como que se eleve el estándar de publicidad y accesibilidad a la información sobre actos y estadísticas del sistema judicial".

Sin embargo, afirmó que el resto de las iniciativas "plantean dudas sobre su diseño político institucional". Sobre el proyecto que limita las medidas cautelares, expresó que "presenta problemas de constitucionalidad" y recordó que el propio CELS ha pedido ese recurso en causas contra el Estado para garantizar, entre otras cuestiones, el acceso a la educación de migrantes, la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas, la suspensión de normas limitantes en forma inconstitucional de la libertad personal o la suspensión de actos administrativos de expulsión de migrantes. Recordó que "las medidas cautelares constituyen medidas efectivas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad".

Al mismo tiempo, remarcó que a partir de la causa Clarín por la Ley de Medios, se hace visible la necesidad de un "uso racional de estas herramientas", pero manifestó que la forma en que se propone regular este recurso "pierde de vista que lo prioritario debería ser restringir el uso de las cautelares en casos netamente patrimoniales, en los que el Estado incluso puede ser la variable más débil de la relación para, en cambio, fortalecer y darle total vitalidad y vigencia a las cautelares que pretendan proteger a personas o colectivos frente a actos estatales violatorios de derechos fundamentales".

En tanto, respecto a la creación de tres nuevas Cámaras de Casación en los fueros Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo, el CELS expresó que se necesita "dar una discusión mayor respecto de la organización del sistema judicial en su totalidad" para apuntar a "su horizontalidad y desburocratización". Según el organismo, estas nuevas instancias agregan "verticalidad" y pueden "afectar los tiempos para que una cuestión constitucional llegue a ser tratada por la Corte Suprema, como máximo tribunal del país".

Por último, respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, si bien se destaca que "constituye una opción valorable la elección popular de sus integrantes para romper lógicas corporativas y dar oportunidad de acceder a otros sectores o actores", el CELS considera necesario evaluar "de qué modo se puede garantizar que la elección de los jueces, vehiculizada por elecciones abiertas, quede referenciada como representación del sector judicial".

Además, el organismo criticó que todos los candidatos al Consejo estarían en la misma "boleta sábana", por lo que sostiene que "se debería analizar un esquema de proporcionalidad que modifique las consecuencias de integrar más de la mitad del Consejo con referentes de una misma lista". En ese mismo sentido, afirma que "contar con más de una minoría" sería beneficioso para la toma de decisiones en ese órgano, y recomienda estudiar "la posibilidad de que el momento de la elección sea la de medio término y no la presidencial".