El texto firmado por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, aclara que la Corte "tiene la obligación constitucional de abstenerse de opinar en temas que están en tratamiento en el Congreso de la Nación o que pueda ser materia justiciable" y aclara que por ello reenvía al titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, la misiva enviada por los presidentes de las Cámaras Federales.

La carta adjuntada al presidente de Diputados lleva la firma del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, y en ella se expresa preocupación porque los proyectos impulsados desde el Gobierno "disponen el traspaso de las facultades técnico-administrativas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ámbito del Consejo de la Magistratura". Se critica que ese órgano será el encargado de "fijar la política salarial, disponer la asignación de contratos a tribunales que lo requieran, designar magistrados subrogantes y ejecutar el presupuesto".

Además, la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales considera que el Consejo de la Magistratura "posee una estructura típicamente parlamentaria alejada de la agilidad y celeridad que requiere la tarea ejecutiva". En ese sentido, advierten que en caso de aprobarse la reforma "se produciría una paralización del Poder Judicial de la Nación".

También expresaron críticas a la modificación en la selección de empleados, especialmente referidas a que la designación de los agentes a través de concursos de antecedentes debería considerar "la particularidades geográficas en la que se encuentran los órganos judiciales de nuestro país". Según los Camaristas, en algunos tribunales la realización de los concursos llevaría años, dejando puestos no cubiertos.

Por último, proponen que "un porcentaje de las designaciones sea efectuado directamente por los magistrados".