Alejandra Gils Carbó compartió uno de los paneles que se desarrollaron frente a la Plaza de los Dos Congresos, luego del debate inicial realizado al mediodía en el Parlamento, con la defensora General, Stella Maris Martínez, el titular de la Comisión Provincial de la Memoria, Hugo Cañón, el fiscal Abel Córdoba, y con Raquel Wittis, madre de Mariano, un joven asesinado en 2000 por la policía.

Tanto la Procuradora como Martínez, Córdoba y Cañón coincidieron en admitir cierta responsabilidad del Poder Judicial en casos de violencia institucional, por su "falta de compromiso con los valores democráticos". Como ejemplo, Gils Carbó remarcó que en los últimos años sólo 9 penitenciarios fueron acusados por torturas de un total de 415 denuncias, que motorizaron apenas una decena de ruedas de reconocimiento.

"La violencia institucional existe porque la justicia mira para otro lado", subrayó Martínez, a su turno, y advirtió además que "la sociedad entera sigue siendo permisiva con la tortura". Planteó que la violencia institucional "también se da cuando se fijan condenas perpetuas a menores de edad y cuando los jueces civiles dicen que la ley de salud mental no existe porque no está reglamentada".

Cañón, por su parte, entendió que "las fuerzas de seguridad responden a manos que no orientan su actuación, porque tienen connivencia en recaudaciones ilegales".

A las carpas blancas levantadas frente al Congreso asistieron familiares de víctimas de violencia institucional, dirigentes políticos, referentes de organizaciones sociales y sindicales y personalidades de la cultura y de entidades de defensa de los derechos humanos. La ministra Nilda Garré; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Susana Trimarco, madre de Margarita Verón -la joven secuestrada por una red de trata de personas-; y el titular del Cels, Horacio Verbitsky también participaron del debate.