"El proyecto está vinculado con el retroceso del trabajo no registrado. Queremos intensificar esta lucha y por eso seguimos poniendo herramientas para que los empresarios no dejen a los trabajadores sin derechos", dijo el ministro en declaraciones a radio América. Tomada explicó que la norma contempla "que todas las empresas de menos de cinco trabajadores paguen un 50 por ciento menos de la contribución a modo de incentivo. Apuntamos a este segmento porque sabemos que genera mucho empleo pero a la vez es donde se registra mayor informalidad".

"Esto será un régimen permanente", aclaró el ministro, y sostuvo que otra particularidad del proyecto contempla la creación de "un registro de empresas que incumplan sus obligaciones fiscales". "Lo decimos después de haber estado trabajando muchos años haciendo docencia, publicidad, fiscalización, sanciones, multas. Por eso, ahora se agrega la posibilidad de que sean incluidas en este registro público donde además de la sanción personal se les podrá retirar beneficios impositivos, subsidios, imposibilidad de contratar con el Estado", detalló el funcionario.

Por otra parte, resaltó que el proyecto prevé la intensificación de operativos de control del ministerio nacional sobre el empleo informal, lo que beneficiará "sobre todo a las provincias donde por ahí no cuentan con tantos medios para llevarlos a cabo". Sobre la actitud de los gremios, evaluó que "a diferencia de otros años, donde este tema no existía como parte del debate de la sociedad ni de la agenda del gobierno, hoy sí es una preocupación".

"Las organizaciones sindicales participaron de estos debates, por eso esperamos que se sumen más fuertemente", afirmó, aunque criticó a "otras, como la UATRE, a las que no les interesa el trabajo registrado". "He escuchado sus declaraciones y no saben ni siquiera lo que ocurre en la lucha en este campo, pero bueno, sí podemos estar tranquilos que para este gobierno es tema de agenda y por eso la misma Presidenta se ha puesto a la cabeza de estas iniciativas", sostuvo Tomada.

Por su parte, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich recordó que en los últimos años la informalidad "bajó del 50 al 33 por ciento", y que ahora la iniciativa impulsa "la creación de un registro de empleadores y una mayor capacidad de fiscalización del Ministerio de Trabajo".