"El Estado (de Israel) debería asegurarse de que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las operaciones militares sean investigadas imparcial, efectiva e independientemente, y sus responsables, incluidos el mando, sean procesados y sancionados conforme a la gravedad de los hechos cometidos", dice el informe a través del cual el organismo evaluó al gobierno de Benjamín Netanyahu.

Asimismo, criticó las demoliciones de casas palestinas en Cisjordania, los impedimentos para que obtengan documentación administrativa y los desalojos y relocalizaciones forzosas de beduinos "sin tener en cuenta su tradicional economía de pastoreo".

El Comité hizo referencia también a la detención administrativa de centenas de palestinos que están bajo custodia del gobierno israelí sin que pesen cargos sobre ellos, y le exigió que "acabe con esa práctica" y que se asegure de que los individuos sometidos a ese tipo de detenciones sean urgentemente procesados con ofensas penales o liberados".