El documento final de la Cumbre del G-20 fue dado a conocer por el primer ministro australiano, Tony Abbott, tras dos días de deliberaciones en los que participaron los jefes de Estado y líderes de las naciones que explican el 85 por ciento del PBI mundial, foro del que forma parte la Argentina.

El documento final refleja en varios puntos el pensamiento del gobierno argentino, en especial el que refiere a la necesidad de abordar la cuestión de los procesos de reestructuración de deuda y el peligro que implican los fondos buitre para el sistema financiero internacional.

También quedaron reflejadas otras posiciones que desde el 2008 a la fecha –desde la primera cumbre llevada a cabo en Washington-, Argentina viene postulando, como la necesidad de “crear empleos de calidad”, impulsar la concreción de obras de infraestructura, implementar políticas destinadas a “agregar valor” por parte de los países en desarrollo, hacer “frente al desempleo”, enfrentar la “informalidad laboral” y mejorar la eficiencia energética y el acceso a ella, entre otras cuestiones.

Tal como pretendía el gobierno australiano desde el inicio de las deliberaciones para terminar de pulir el documento final de la cumbre, el pronunciamiento –de tres páginas- consta de 21 puntos, a los que se suma un anexo con detalles de acuerdos específicos, declaraciones ministeriales, documentos respaldatorios y un ítem con los “temas para la acción futura” en la que advierten los “desafíos que presenta la litigiosidad” llevada adelante por los fondos buitre y la necesidad de dar previsibilidad a los procesos de reestructuración de deuda. En ese marco, piden a los “ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales (del G-20) que discutan el progreso alcanzado en este tema y en temas relacionados” y que encaren la discusión de medidas para solucionar esta cuestión.

En el comunicado final, los países del G-20 dijeron estar “decididos a superar los desafíos y a intensificar nuestros esfuerzos para lograr un crecimiento fuerte, sostenible y balanceado, y para crear empleos”. También postularon la necesidad de asegurar que “nuestras políticas macroeconómicas sean las adecuadas para apoyar el crecimiento, fortalecer la demanda y promover el rebalanceo global”.

Entre los objetivos previstos en el documento final, uno de los más ambiciosos es el de elevar el PIB de los países del G-20 en “por lo menos un 2 por ciento adicional para el 2018”, lo que permitiría sumar “más de dos trillones de dólares a la economía global y crear millones de nuevos puestos de trabajo”. A propuesta de Australia, decidieron crear un Centro Global de Infraestructura con un mandato de cuatro años, que tendrá que desarrollar una plataforma y una red de intercambio entre el sector privado, los bancos de desarrollo y otras organizaciones internacionales para “mejorar el financiamiento y el funcionamiento” de los mercados de infraestructura.

En materia de empleo acordaron buscar reducir la brecha entre la participación de hombres y mujeres en cada uno de los países miembro en un 25 por ciento para 2008, de manera de sumar a más de 100 millones de mujeres a la fuerza laboral. Como en anteriores oportunidades, explicitaron el “firme compromiso” de reducir el desempleo juvenil, al que calificaron de “inaceptablemente alto”.

Los países del también G-20 afirmaron que se están “tomando acciones para asegurar que el sistema fiscal internacional sea justo y para asegurar los flujos de ingresos públicos de los países”. Ratificaron como plazo final el año 2015 para concretar el plan acordado por el G-20 y la OCDE destinado a modernizar las normas impositivas internacionales. También saludaron la implementación del sistema de intercambio de información automática, que debería estar concluido en 2017 o 2018, y que depende en gran medida de los procedimientos legislativos necesarios para internalizar esas normas.

Sobre el FMI dijeron estar “profundamente decepcionados por la persistente demora en el progreso de la reformas de cuota y gobernanza del organismo”, que fueron acordados en 2010, ratificados en 2013 y que aún se encuentran pendiente de avance debido a que Estados Unidos “no ratifica” esas reformas, en las que los países emergentes pasarían a contar con un mayor margen de decisión.

También la cuestión del cambio climático estuvo presente en el documento final, así como el brote del Ébola en países africanos.