El Decreto 337/2015 del Poder Ejecutivo, publicado en el Boletín Oficial, indica que algunas de las funciones de la AFI tendrá por objetivo “la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional”.

También tendrá a su cargo “la producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información”.

En otro punto, la norma dispone que se transfiera el personal así como los bienes de la actual SI a la AFI, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (Ojota) que pasará a depender de la Procuración General de la Nación.

Otro aspecto es la reducción de 25 a 15 años del plazo para la desclasificación de información, que ahora será clasificada en tres categorías, como secreta, confidencial y pública. En cuanto al personal, la nueva ley indica que “se deberá instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso” a la AFI, estableciendo “criterios de transparencia en el marco del Plan Nacional de Inteligencia y las necesidades operativas”.

El decreto reglamentario lleva las firmas de la presidenta Cristina Kirchner, del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Los cambios se enmarcan en el proyecto de reforma de la ley 25.520, sancionado el pasado 25 de febrero por la Cámara de Diputados por 131 votos a favor y 71 en contra. La iniciativa, que en el Senado había cosechado 39 votos a favor y 7 en contra.