Con la nueva legislación, la pena para el agresor aumentó a entre 12 y 30 años de prisión. Anteriormente, por enmarcarse en la categoría de delito común, la condena oscilaba entre seis y 20 años. La sanción estipulada puede ser ampliada en entre un tercio y la mitad de su duración, en caso de que la víctima estuviera embarazada, haya dado a luz en los tres meses anteriores al crimen, fuera menor de 14 años, minusválida o que el asesinato se produjese en presencia de sus hijos.

Según el texto, se considera un delito "de género" cuando se comete en el marco de la violencia doméstica y familiar o por discriminación de la víctima por su condición de mujer. Al convertirse en un crimen de "extrema gravedad" (en Brasil hay varios delitos calificados de graves con penas más altas), el condenado debe cumplir la pena en régimen cerrado y demora más que los reos por delitos comunes en obtener beneficios penitenciarios como permisos de salida para trabajar fuera de la cárcel o ver reducida la pena por buena conducta o aspirar al régimen semiabierto.

En un discurso formulado anoche en el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta sostuvo que el proyecto se enmarca en la política de "tolerancia cero" hacia la violencia de género que defiende su gobierno. "Este crimen odioso tendrá penas mucho más duras. Esta medida forma parte de la política de tolerancia cero en relación a la violencia contra la mujer brasileña", afirmó.

Por su parte, la representante de la secretaría de políticas para las mujeres de la ONU en Brasil, Nadine Gasman, evaluó que la nueva legislación representa "un avance político, legislativo y social". "Este tipo de ley tiene un carácter preventivo", afirmó.