El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se había reunido ayer con representantes de "Memoria Activa", que agrupa a algunos familiares de víctimas del atentado, y le manifestaron su preocupación por la dilación en el inicio del juicio. Diana Malamud, una de las titulares de esa agrupación, indicó que el magistrado les había adelantado que se realizarían las gestiones pertinentes para avanzar en la causa.

Desde el palacio de Justicia, señalaron que el máximo tribunal "no tiene autoridad para imponer prioridades o fechas de debates orales y públicos" y agregaron que las "dificultades" que afronta el TOF 2, con una agenda "saturada", ya que por estos meses realiza el debate oral y público por la masacre de Once.

Durante la reunión se recordó también que el TOF 2, con los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, quedó integrado para el juicio por el atentado a la AMIA luego de una decena de excusaciones, pero que aún falta designar al "cuarto" magistrado, como se hace para los casos de debates prolongados.

En la causa por irregularidades están implicados, entre otros, Menem y Galeano, quien fue durante 10 años instructor del sumario por el atentado. La investigación se desvió cuando se habrían abonado 400 mil pesos-dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín, para que involucrara en policías bonaerenses en la causa por el ataque a la mutual judía.

El pago se hizo con fondos reservados de la SIDE y con el presunto consentimiento de parte de la dirigencia comunitaria representada por el extitular de la DAIA, Rubén Beraja.

Además de Menem, Galeano y Beraja están procesados el exsecretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy; el exsubsecretario Juan Anchezar; los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Müllen; Ana Bogarín (pareja de Carlos Telleldín); el abogado Víctor Stinfale; el exagente de la SIDE, Patricio Finnen; el exjefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios y el expolicía Carlos Castañeda.

El sumario por las "irregularidades" en la investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo, mientras que la del atentado, radicada ante Rodolfo Canicoba Corral, es instruida, tras la muerte de Alberto Nisman, por un grupo de fiscales designados en la unidad especial UFI-AMIA.