La información fue confirmada por el titular de la Procuradurí­a de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quien ayer recibió la denuncia de manos del secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus y de la secretaria de Energí­a, Mariana Matranga.

A partir de ahora, se abre el proceso judicial que podría tomar dos caminos: el juez federal puede iniciar la investigación o delegarla a la fiscalía interviniente para que inicie la investigación que podría derivar en solicitud de declaraciones indagatorias y hasta pedidos de captura internacional.

"Como las empresas que se denuncian son extranjeras, se abre un gran abanico, ya que habría que requerir cooperación internacional, intercambio de información con otros países y otro tipo de medidas", explicó Gonella a Télam.

La denuncia del gobierno argentino -realizada por la Cancillería y el ministerio de Planificación Federal- fue presentada concretamente contra los directores, gerentes, sí­ndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.

Este grupo de empresas integran un consorcio que contrató una plataforma semi-sumergible que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte -a unos 200 kilómetros de las islas-, donde prevén perforar al menos seis pozos.